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El Gobierno trabaja en la “transición” hacia un nuevo ente de residuos

La consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, Isabel Elizalde, ha anunciado que el Ejecutivo se encuentra en estos momentos trabajando para facilitar la “transición” del Consorcio de Residuos hacia un nuevo ente que solvente las “discrepancias” con el Estado.

La consejera ha respondido en el pleno parlamentario de este jueves al regionalista Mariano Herrero, que ha preguntado por la evolución de la situación económico-financiera del Consorcio de Residuos de Navarra desde 2015 hasta ahora y la previsión futura sobre su continuidad o desaparición.

Según ha relatado, en septiembre de 2015 se llegó a un acuerdo con el Gobierno central por el que Navarra se comprometía a mantener la figura del Consorcio “durante un periodo transitorio” hasta que se crease un nuevo ente que cumpliese con los requisitos establecidos.

Para ello, el Ejecutivo cuenta con la ley de Residuos, que recoge la figura del Ente de Residuos, y la reforma de la Administración Local, que acaba de ser aprobada y que contempla un nuevo ente local que es la Mancomunidad de Planificación General

En palabras de la consejera, con esos dos “instrumentos” el Gobierno Foral tiene “la solución para resolver la discrepancia” que existía con el Ejecutivo central y ha manifestado que en estos momentos están trabajando “para permitir esa transición”.

En cuanto a la evolución del Consorcio, ha recordado que en 2015 se obtuvo un resultado “positivo” con un remanente de tesorería “muy alto”, de más de 5 millones de euros.

En 2016 se obtuvo nuevamente un resultado “positivo” con un remanente “muy alto”, mientras que en 2017 el resultado fue “negativo pero manteniendo un remanente de tesorería alto”.

Por su parte, el regionalista ha cuestionado dónde están los planes económico financieros de 2016 y 2017 pues, según ha explicado, después de solicitarlos únicamente ha obtenido una “mera declaración de intenciones”.

“No quiero pensar que oculta información porque me parecería grave”, ha remarcado, para advertir: “Quiero pensar que fuera de las declaraciones de intenciones no existe nada más y que el plan económico financiero solo se sustentaba en el acuerdo de extinguir el consorcio el 31 de diciembre de 2018”.

Este hecho supondría un “flagrante incumplimiento” de la ley de estabilidad presupuestaria, que recoge “expresamente qué debe contener un plan económico financiero”.

“Se vulnera la ley de estabilidad presupuestaria pero no pasa nada, se hace un plan económico financiero que se incumple reiteradamente y en caso de que no pueda llegar a buen fin, simplemente se disuelve la entidad”, ha denunciado, y se ha preguntado: “¿Todas las entidades locales deben seguir su ejemplo sabiendo que si incumplen la ley no pasa nada?”.

Por todo ello, el regionalista ha asegurado que le “gustaría pensar” que ante esta “mala gestión” la consejera “ha depurado responsabilidades técnicas y políticas”.

Además, ha criticado que el actual Ejecutivo haya tenido que hacer dos planes económicos, en 2016 y 2017, ya que la “situación que heredaron de UPN era bastante saneada, con más de 5 millones”.

“La situación actual se genera por una mala gestión en el control de ingresos y gastos, una mala planificación y porque el objetivo desde 2016 era la liquidación del consorcio”, ha lamentado. EFE

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