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El cuatripartito aprueba la proposición de Ley Foral contra la violencia de extrema derecha y policial

NAVARRAINFORMACIÓN.ES

Los votos afirmativos de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu-Orain Bai e I-E en el Pleno del Parlamento de Navarra han aprobado la toma en consideración de la Ley Foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos (policíal) desde el 1 de enero de 1950

La proposición de Ley aprobada por el cuatripartito que forma y conforma el Gobierno de Navarra, ha contado con la abstención de PSN y los votos en contra de UPN y PPN,

Este texto viene a sustituir a la Ley Foral 16/2015, de 10 de abril, aprobada el 15 de marzo de 2015 (penúltimo Pleno de la VIII Legislatura) y anulada por el Tribunal Constitucional en julio de 2018.

La proposición de Ley impulsada por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu-Orain Bai e Izquierda-Ezkerra pretende promover el reconocimiento y reparación de las víctimas generadas por “la acción violenta de funcionarios públicos (policías) o grupos de extrema derecha”, en aras, dicen, a su equiparación con lo que, se establece en la Ley Foral 9/2010 de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo.

Sin ánimo punitivo, explican, la Ley pretende completar el corpus normativo que rige en la materia para, sin más exigencia que la de ostentar la condición política de navarro o navarra, asegurar el resarcimiento -a nivel administrativo­‑ de las conculcaciones sufridas dentro o fuera de la Comunidad Foral, siempre y cuando las mismas no hayan sido objeto de reparación por las instituciones del Estado o de otra Comunidad Autónoma.

Comisión

En ese sentido, para otorgar el reconocimiento de víctima y proceder a la homologación de derechos con el resto de afectados por acciones de similar naturaleza, se instaura una Comisión de Reconocimiento y Reparación que, integrada por nueve personas de acreditada competencia, será la encargada de resolver en el plazo de un año los expedientes incoados al amparo del derecho a la verdad configurado en torno al conocimiento, documentación y determinación de los hechos.

Siete de los nueve integrantes de la Comisión serán elegidos por mayoría absoluta del Pleno del Parlamento de Navarra, a propuesta de los Grupos/Agrupaciones de Parlamentarios/as o de organizaciones sociales que trabajen en los ámbitos de los Derechos Humanos o la memoria, para un período de seis años. El director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos y el responsable del Instituto Navarro de la Memoria serán miembros natos.

Cada solicitud dará pie a un informe que deberá ser trasladado en el plazo de un año al responsable de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, quien dispondrá de tres meses adicionales para dictar resolución. La declaración como víctima implicará, además de asistencia sanitaria, el reconocimiento de indemnizaciones económicas por daños “físicos, y/o psicológicos y materiales”. Se contempla la posibilidad de interponer recursos.

Todas las personas y entidades públicas y privadas relacionadas con el cumplimiento de los objetivos de esta Comisión, cuyos resultados se recogerán anualmente en una Memoria que será presentada ante el Parlamento y publicada y difundida entre la ciudadanía, estarán obligadas a colaborar en la forma que se determine.

Con base en las citadas memorias anuales y en los trabajos complementarios que haya podido desarrollar, la Comisión de Reconocimiento y Reparación elaborará en el plazo máximo de cuatro años desde su constitución dos informes, uno sobre sus actuaciones relativas al período entre 1951 y el 28 de diciembre de 1978 y otro desde esa fecha hasta la actualidad. Estos trabajos serán presentados también ante el Parlamento de Navarra.

Igualmente, se encomienda al Gobierno de Navarra la financiación y la dotación de los medios materiales y humanos suficientes de la Comisión, a pesar de la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) el pasado enero de 2019, a través de una partida específica en los Presupuestos Generales de Navarra.

Del mismo modo, se contemplan acciones en los ámbitos educativo (ciclos, cursos, seminarios o congresos) e institucional, en este caso a modo de “reconocimiento público” de los hechos probados, compatible en todo caso con el derecho de la víctima a preservar su intimidad cuando así lo solicite expresamente.

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