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UPN pide la dimisión de Ayesa (MCP) por “irregularidades” en la contratación

UPN ha pedido este miércoles la dimisión del presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP), Aritz Ayesa, y ha anunciado que está estudiando acciones legales por “irregularidades” en la contratación de personal, constatadas por un informe jurídico de la entidad que no ha sido tenido en cuenta

Así lo han sostenido en rueda de prensa los concejales regionalistas María Caballero y Fermín Alonso, representantes de UPN en la MCP, que han querido tranquilizar a los trabajadores afectados por las contrataciones, en las que se introdujo una “cláusula trampa”, ya que ellos no han participado en la causa de anulación de la convocatoria y pasarán a ser indefinidos.

Según ha explicado Caballero, UPN presentó un recurso contra las convocatorias y contratos realizados en 2017, que se les dijo que había sido desestimado “por silencio administrativo”, y ahora han conocido de la existencia de un informe jurídico realizado expresamente para analizar su recurso de 11 de abril de 2018.

Ese informe, firmado por los tres responsables jurídicos y el interventor, concluye que “debe estimarse el recurso y declararse la invalidez de las convocatorias que han superado la tasa de reposición”, ha señalado, tras lo que ha calificado de “insólito y escandaloso” que se haya obviado el informe y no se haya atendido su demanda.

En su recurso UPN planteaba, según ha indicado, que con “el único objetivo de saltarse las leyes de estabilidad” la empresa de la Mancomunidad trataba de “camuflar como temporales lo que en realidad eran contratos fijos”.

Para ello, ha continuado, en las convocatorias “incluía una cláusula, convocaba plazas como temporales con la coletilla de que cuando la ley cambiara se convertirían en fijas”, lo que, a su entender y en opinión del informe jurídico, es “un fraude de ley”.

“Ayesa se creía más listo que nadie y creía que con eso había resuelto las limitaciones de la ley”, ha opinado Caballero, quien ha apuntado que el presidente podría haber incurrido en un “delito de prevaricación por omisión al no resolver el recurso, a sabiendas de que el informe dice que debe estimarse”.

Ha añadido que están analizando “jurídicamente la posibilidad de que se derive un caso de responsabilidad contable que debiera juzgar el tribunal de cuentas”.

Por su parte, Alonso ha detallado los pasos que debería seguir la Mancomunidad para regresar a la legalidad según el documento y así todos los contratos efectuados al amparo de esa cláusula deben tenerse por indefinidos.

Ha apuntado que “al disfrazar los contratos como temporales, cuando su naturaleza es indefinida”, no solo ha estado incumpliendo leyes de estabilidad, sino previsiblemente se ha atentado contra el Estatuto de los Trabajadores y el convenio de empresa.

Paralelamente a este recurso el grupo parlamentario de UPN pidió un informe sobre las contrataciones a la Cámara de Comptos, a la que los regionalistas van a hacer llegar este informe.

Alonso ha concluido que “no cabe otra salida que una dimisión inmediata” y en ese sentido ha hecho un llamamiento a los miembros del cuatripartito para que actúen en esa línea porque sino se convertirán en “corresponsables de todo lo que ha estado sucediendo”. EFE

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