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PNV, Bildu y Elkarrekin Podemos en la Cámara vasca piden liberar a los agresores de Alsasua

El Parlamento Vasco ha pedido la puesta en libertad a los agresores de Alsasua (Navarra) a dos guardias civiles y sus parejas en octubre de 2016 hasta que la sentencia sea firme dada la «desproporción de las penas» y su «prolongada estancia en prisión»

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara autonómica ha aprobado este martes una iniciativa presentada conjuntamente por PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos, a la que el PSE y el PP se han opuesto.

La Audiencia Nacional está estudiando los recursos a la sentencia de la Sección Primera de lo Penal que los condenó a penas de entre 2 y 13 años de cárcel por los delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas, pero, en contra del criterio de la Fiscalía, descartó que fueran de carácter terrorista pese a la «notabilísima gravedad de los hechos».

El Parlamento Vasco ha recalcado su «respeto a las decisiones judiciales», pero ha expresado su «desacuerdo» con que el caso se haya juzgado en la Audiencia Nacional y su «preocupación por que la instrucción, la vista oral y la propia sentencia emitida podrían haber lesionado el legítimo derecho a la defensa, tal y como han denunciado organismos como Amnistía Internacional».

Los grupos destacan asimismo la importancia de principios como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y la proporcionalidad de la pena, al tiempo que rechazan la «aplicación exacerbada de la agravante de discriminación».

Por todo ello piden la puesta en libertad provisional de los ocho jóvenes condenados «hasta agotar las vías judiciales» en atención a la «desproporción de las penas» y el hecho de que llevan dos años y medio en la cárcel.

La Cámara rechaza además la «imagen distorsionada que se ha trasladado» de Alsasua porque es una localidad «socialmente plural y acostumbrada a una normal convivencia entre diferentes».

Durante el debate, Ana Arregi (PNV), ha recordado que la prisión provisional se aplica en otros casos, como en el de La Manada, cuyos integrantes esperan en la calle a que se resuelvan los recursos a su condena por abusos sexuales, y ha defendido que mientras no haya sentencia firme los jóvenes de Alsasua «pueden estar perfectamente» fuera de la cárcel.

Desde EH Bildu, Julen Arzuaga ha considerado que los 820 días que los ochos condenados llevan en prisión «son demasiados y no se pueden aguantar; la justicia que va tarde no es justicia». Ha criticado además el «tratamiento político, jurídico, policial y mediático» que recibió «una pelea de bar» que se convirtió «en un torbellino» y en una «tragedia» para los procesados.

Iñigo Martínez (Elkarrekin Podemos) ha denunciado que la justicia actúa a veces «en base al código postal» y ha recordado que los implicados en una paliza multitudinaria a un grupo de guardias civiles en Algeciras (Cádiz) quedaron el libertad provisional, por lo que ha pedido que sean excarcelados los jóvenes de Alsasua.

La socialista Rafaela Romero, cuyo grupo trató sin éxito de consensuar un texto con los partidos proponentes, ha expresado su solidaridad con las personas agredidas aquella noche, aunque ha considerado que el proceso judicial «se vició desde el principio» cuando los hechos fueron calificados como terrorismo, a pesar de que «no eran susceptibles» de ello.

El popular Carmelo Barrio también se ha solidarizado con los guardias civiles y sus parejas y ha defendido la independencia de la Justicia porque en un Estado de Derecho como el español las sentencias «se dictan con todas las garantías».

Una delegación de la asociación Altsasu Gurasoak ha seguido el debate y ha agradecido el apoyo mostrado por el Parlamento Vasco. La madre de la condenada Ainara Urkijo, Edurne, ha pedido a los socialistas -a los que no ha citado expresamente- que se sumen a las muestras de apoyo a sus hijos como ya hicieron en octubre cuando Altsasu Gurasoak compareció en el Parlamento Vasco.

«Nuestros hijos e hijas llevan un calvario de 27 meses. Ya es momento de que retomen sus vidas. Los hechos no se corresponden con lo que se está pagando», ha afirmado Edurne, quien ha añadido que ahora tienen «los dedos cruzados esperando que vuelva un poco de cordura a la Audiencia Nacional». EFE

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