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La Comisión Especial emplaza a revisar el estatus legal del euskera

La Comisión Especial para la elaboración de una nueva Ley Foral del Euskera ha aprobado hoy, con los votos en contra de UPN y PSN, el informe de conclusiones, que emplaza a “revisar el estatus legal del euskera” en Navarra.

El informe, suscrito por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai e I-E, incluye un voto particular firmado por el PSN en el que, con el respaldo de UPN, se defiende la vigencia de los principios inspiradores de la normativa original, que data de 1986.

Transcurridos más de 30 años desde la promulgación de la Ley del Vascuence, concluye el informe, “el estatus del euskera debe ser revisado”, responsabilidad que la Comisión deja en manos de los grupos parlamentarios.

La Comisión apela a las herramientas que se ofrecen en la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias de 1992, la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos de 1996 y el Protocolo de Derechos Lingüísticos de 2017, y llama a adecuar las relaciones sociales, institucionales y ciudadanas a los nuevos parámetros derivados de la evolución cultural y del impacto de las TIC.

En lo relativo a la zonificación lingüística establecida a partir de la Ley del Vascuence de 1986, se cuestionan los criterios que la alentaron, “nunca explicados, recogidos y argumentados”, y se subraya que “ni siquiera quienes ejercieron responsabilidades de gobierno en aquella época han sido capaces de aclarar el fundamento científico y técnico” de aquella decisión.

Por eso, en lo tocante a la extensión o no de la oficialidad del euskera al conjunto del territorio, “cuestión nuclear” de todo este debate, se apunta que, si bien el Parlamento de Navarra “no ha mostrado una conformidad explícita, la mayoría tampoco excluye esa posibilidad”.

Así, la determinación de plantear o no la extensión de la oficialidad queda pendiente de una “decisión política e institucional” que debería “aclarar todos sus efectos”, de manera que las “diferentes visiones existentes” al respecto dejen de ser un obstáculo.

El voto particular del PSN defiende la vigencia de los principios que inspiraron la Ley del Vascuence de 1986 y pone en cuestión el objetivo de una Comisión que, si bien ha dado entrada a “aportaciones enriquecedoras”, se ha revelado “inútil” desde el momento en el que quedó patente que la elevación del estatus legal del euskera exige una modificación del artículo 9 de la Lorafna.

La “imposibilidad de cambiar unilateralmente” dicho precepto, “so pena de caer en fraude de ley”, ha desvirtuado el objetivo de la Comisión, en la que, no obstante, se ha confrontado “desde el respeto”, se indica en el voto particular.

El PSN hace constar que no observa una demanda social real que justifique una modificación de la actual Ley del Euskera porque, “aunque la ciudadanía no está en contra de que se protejan los derechos lingüísticos de los vascoparlantes, rechaza que se le impongan”.

Así, tras reiterar que “Navarra no vive en euskera” y defender que “la Administración no puede convertirse en titular de derechos que no responden a necesidades mayoritarias”, se achaca a “intereses políticos de una minoría la pretensión de declarar oficial el euskera”.

En ese marco, el PSN defiende la zonificación establecida en 1986, si bien reconoce que, en la concreción de la zona mixta, pudieron mediar “criterios más políticos”, los mismos que, “con menos consenso y al amparo de mayorías políticas coyunturales”, han llevado a ampliar la zona mixta en 2017, “sin estudios sociolingüísticos ni participación directa de los destinatarios”.

UPN, por su parte, se ha reafirmado en su decisión de no participar en los trabajos de la Comisión Especial y ha puesto de manifiesto el “fracaso absoluto” de la misma, tal y como se desprende de la “única conclusión alcanzada, que el estatus legal del euskera debe ser revisado”.

“A partir de ahí las discrepancias, porque de haberse concitado mayoría política suficiente ya se habría hecho. Pero no existe, tal es así que estamos ante una cuestión que ni se nombra en el Acuerdo Programático. Bildu ha querido llevar adelante su oficialidad y le han dicho que no”, señala este grupo.

En sus ocho meses de actividad, la Comisión ha realizado numerosas sesiones, la primera el 18 de abril de 2018 y la última el 27 de noviembre de ese mismo año. UPN y PPN rehusaron participar desde el principio. EFE

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