La presidenta de la Cámara de Comptos, Asunción Olaechea. EFE. JESÚS DIGES
La Cámara de Comptos de Navarra, en un informe sobre la operación urbanística de Salesianos, ha advertido del «elevado riesgo» que asumió la Administración en este proceso, destinado al traslado del centro de FP de Pamplona a una parcela en el concejo de Olaz (Valle de Egüés).
El informe concluye afirmando que se ha financiado el traslado y construcción de un centro educativo mediante una operación urbanística diseñada expresamente para obtener financiación, exceptuando la reserva de vivienda protegida previa habilitación legal y «asumiendo la administración un elevado riesgo”.
La Cámara de Comptos considera que el apoyo a los centros educativos concertados «es, en principio, una cuestión de interés general».
No obstante, agrega, para ello debe garantizarse la igualdad de oportunidades y dicho apoyo no debe condicionar otras actuaciones de interés general, como es la reserva de vivienda protegida en las actuaciones urbanísticas.
El informe hace alusión, en este sentido, al cambio de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo que permitió eliminar la reserva de vivienda protegida en el desarrollo urbanístico previsto.
Comptos entiende que no es adecuado tramitar una modificación legal de este tipo para hacer posible una operación concreta, ni tampoco hacerlo en el contexto de la aprobación de la Ley Foral de Presupuestos.
Sobre los acuerdos entre las administraciones y Salesianos, el informe señala que es la sociedad pública Vinsa la que asumió el riesgo de la operación, puesto que se comprometió a pagar a la congregación un importe por el solar sin saber el resultado de la futura venta de las parcelas.
En cuanto al resultado económico provisional de la operación, garantiza el precio mínimo a la congregación (26,4 millones), que dispone de una nueva ubicación y financiación para la construcción del centro, ya comenzada.
Nasuvinsa ha obtenido unas plusvalías provisionales de 4,2 millones que deben revertir en política pública de vivienda, y el Ayuntamiento de Pamplona, por su parte, ha obtenido cesiones legales de suelo y 3 millones para la construcción de una dotación pública.
A la vista de la operación, Comptos recomienda que «el urbanismo se utilice para sus fines de ordenación territorial» y que las administraciones «no asuman riesgos económicos en este tipo de actuaciones».
También pide que se evite tramitar modificaciones legales de materia ajena a la presupuestaria en el contexto de la aprobación de la Ley Foral de Presupuestos. EFE
