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Santander, Caixabank y Bankia reclaman 1.350 millones del Castor ante el Supremo

Santander, Caixabank y Bankia han presentado ante el Tribunal Supremo (TS) una demanda contra el Estado por los 1.350 millones de euros que aportaron para facilitar el cierre del almacén submarino de gas Castor y que el Gobierno se comprometió a devolver en 30 años, «más los daños causados».

El pasado mes de abril, las tres entidades presentaron una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Estado, que se hizo efectiva mediante una reclamación ante el Consejo de Ministros.

Ante esta situación, Linklaters -el despacho que representa a las entidades financieras- ha dado un paso adelante tras el silencio del ministerio.

Una decisión similar adoptó la semana pasada Enagas ante la imposibilidad de recuperar las cantidades previstas por el mantenimiento de este polémico almacén también inició una reclamación patrimonial. De hecho, la CNMC ha reclamado ya el dinero recibido por parte de los operadores pero estas cantidades no se han trasladado a los consumidores de gas en las revisiones de peajes realizadas.

Santander, CaixaBank y Bankia ofrecieron en su momento al Gobierno alcanzar un acuerdo que permitiera llevar a cabo la devolución de una manera flexible, a fin de evitar un grave impacto en las cuentas del Estado o en los consumidores de gas, pero en este plazo no han recibido ninguna propuesta por parte del Ejecutivo para poder recuperar los cobros que anuló la CNMC.

Las tres entidades han ofrecido que, en lugar de devolver de modo inmediato todo el importe, el Estado lo pague de modo gradual, en los mismos términos y con las mismas condiciones -de tipo de interés y de plazo- en que estaba previsto en el Real Decreto-ley 13/2014. Con esta medida no se ocasionaría ningún daño adicional. De hecho, las entidades creen que no tiene que provisionar las cantidades pendientes, por contar con la garantía del Estado. La sentencia del Constitucional supone anular todos los contratos firmados entre Banco Santander, Bankia y Caixabank con el Tesoro, a través de un derecho otorgado a Enagas, y asimismo la legitimidad de los pagos por lo que una solución de este calibre también sería dudosa. EFE

 

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