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PPN pide «inmediata dimisión» de Ollo tras la sentencia del TSJN

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La presidenta del Partido Popular de Navarra, Ana Beltrán, ha exigido la inmediata dimisión de la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN)

Además pide la comparecencia en el Parlamento de la presidenta Uxue Barkos, dado que la sentencia da la razón al recurso interpuesto por la ex delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba, que indica que la Orden Foral 35E/2017, dictada por la consejera, «subvenciona trabajos de investigación con una finalidad contraria a la sentencia del Tribunal Constitucional en relación con la Ley Foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos».

“Lo que ha ocurrido con esta Orden Foral es un ejemplo más de los subterfugios que busca la presidenta Barkos para saltarse las leyes y sentencias del TC cuando no comulgan con sus ideas”, indica la presidenta del Partido Popular de Navarra.

“La propia presidenta Barkos, en comparecencia en comisión de Régimen Foral a petición del PPN, afirmó con rotundidad que la Orden Foral no vulneraba la suspensión del TC, algo ahora desmentido por una nueva sentencia judicial”, dice Beltrán.

“Este gobierno ha intentado desde el principio hacer todo lo posible por humillar a las víctimas de ETA, con homenaje a sus verdugos incluido, homenaje precisamente basado también en la Ley Foral anulada parcialmente por el Constitucional, y queriendo hacer ver que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado eran criminales, cuando los verdaderos criminales son los terroristas de ETA a quienes se ha homenajeado”, añade.

Beltrán considera que la Ley de víctimas de violencia policial era una «auténtica aberración», asimismo, considera que «la Orden Foral que emanó de esa ley es igualmente otra aberración». «No podemos tener en el Gobierno a una consejera que a toda cuenta ha intentado burlar sentencia del Tribunal Constitucional para subvencionar trabajos que humillan a las víctimas de ETA y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado», concluye.

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