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La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana (i), y la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo (d). EFE/Jesús Diges
La consejera de Relaciones Institucionales, Ana Ollo, ha asegurado que el Gobierno de Navarra no comparte la sentencia del TSJN que anula la subvención de investigaciones sobre hechos violentos de grupos de extrema derecha o policia y, por tanto, recurrirá el auto judicial.
El TSJN ha anulado una orden de 2017 del Gobierno Foral que autorizó un gasto de 30.000 euros para subvencionar investigaciones científicas y recopilaciones documentales de hechos violentos provocados por grupos de extrema derecha o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
A la convocatoria, ha explicado Ollo a Efe, se presentaron tres grupos de investigación, dos de la UPNA y uno de la UPV, pero en el centro navarro finalmente renunciaron los dos grupos porque no les dio tiempo a presentar toda la documentación.
Por ello, se subvencionó la propuesta de la UPV, ha señalado Ollo, quien ha afirmado que han recibido el auto esta mañana y ahora «los servicios jurídicos la tienen que estudiar con detenimiento».
En todo caso, ha apuntado que en el Gobierno no comparten la sentencia ni la lectura que hace el tribunal para anular la convocatoria, por lo que interpondrán un recurso de casación.
Al respecto, ha mostrado su convencimiento de que la convocatoria «no solo es legal, sino que es justa y reparadora con las víctimas de extrema derecha».
Ollo ha aseverado que el Gobierno de Navarra «está trabajando desde el principio de la legislatura en el reconocimiento y reparación de todas las víctimas de la violencia, cada una en su contexto» y «desde luego sin equiparar unas con otras».
«Hemos trabajado con las víctimas del terrorismo, con las de memoria histórica y también hemos intentado trabajar con las de extrema derecha», ha declarado la consejera, que ha entendido que «sentencias como ésta no permiten avanzar, al revés, son un obstáculo para avanzar en ese reconocimiento».
Las administraciones públicas, ha comentado, «tenemos la obligación de dar respuesta a los derechos de esas víctimas, porque lo avala el derecho internacional pero también entendemos que es un compromiso ético de las sociedades democráticas». EFE
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