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La causa especial 20907/2017, mucho más que el juicio del año

“Todavía no ha empezado y ya forma parte de la historia”. Eso dicen en el Supremo del juicio que marcará uno de los capítulos más importantes del tribunal, el que comenzará en unas cuantas semanas y que sentará en el banquillo a más de la mitad del anterior Govern por el proceso independentista de Cataluña.

Un caso que no ha estado exento de sorpresas hasta casi el último momento. Hace apenas cuatro días el Supremo decidió partirlo en dos y enviar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la parte que afecta a cinco exmiembros de la Mesa del Parlamento y a la exdiputada de la CUP Mireia Boya, acusados solo por desobediencia.

Denominada jurídicamente como “la causa especial 20907/2017”, nadie cuestiona el carácter extraordinario de este procedimiento que si bien ha transcurrido por los cauces normales y ordinarios en su tramitación, está rodeado de una envoltura política y social tanto en Cataluña como en el resto de España a todas luces incuestionable.

Primero, por el fondo de los hechos a enjuiciar. La aprobación de las denominadas leyes de desconexión del Estado, el acoso del 20 de septiembre de 2017 a la Conselleria de Economía, la celebración del referéndum ilegal el 1-O y la posterior Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña, suspendida por el Tribunal Constitucional.

Pero también por las formas. Un proceso que arrancó en la Audiencia Nacional hace poco más de un año, que pronto asumió el Tribunal Supremo, que tiene en el punto de mira el Tribunal Constitucional y que mira de reojo a Estrasburgo.

Pocos se hubiesen imaginado que la causa que comenzó aquel 16 de octubre de 2017, con la declaración en la Audiencia Nacional de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart -los Jordis- y su entrada en prisión acabaría desembocando en un procedimiento dividido con 12 acusados en el Supremo -nueve por rebelión-, seis en el TSJC y siete personas fugadas del país.

Y aquí viene otra de las particularidades de esta “causa especial”. Ni el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ni otros seis procesados acompañarán en el banquillo del solemne Salón de Plenos del Supremo a Oriol Junqueras, los Jordis, Carme Forcadell y el resto de acusados, con los que iniciaron un proceso independentista que acabó en los tribunales.

Su situación se encuentra en ‘stand by’ hasta que decidan volver a España o hasta que el juez Pablo Llarena, famoso por instruir esta causa, opte por activar de nuevo las órdenes europeas de detención, un escenario -según las fuentes consultadas- por el momento lejano, al menos hasta que no haya una sentencia encima de la mesa.

Sin Puigdemont, será su exvicepresidente Oriol Junqueras, en prisión provisional desde el 2 de noviembre de 2017, quien acaparará toda la atención en un juicio en el que se enfrenta a la mayor petición de prisión: 25 años la Fiscalía, 12 la Abogacía del Estado y 74 Vox, partido que ejerce de acusación popular.

Que Junqueras se encuentra junto a otros acusados en la cúspide del proceso independentista es algo de lo que no duda ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado. El problema viene a la hora de ponerle nombre al delito.

¿Sedición o rebelión? Esa será la eterna cuestión de un juicio marcado por el repentino choque de criterio entre ambas acusaciones.

Tras ir de la mano de la Fiscalía durante toda la instrucción, la Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno, decidió desmarcarse al entender que lo que ocurrió en Cataluña encaja más bien en un delito de sedición.

Una decisión que muchos interpretaron como un gesto político del Gobierno de Pedro Sánchez -que prácticamente acababa de aterrizar-, un extremo que sin embargo el Ejecutivo siempre negó de plano atribuyéndolo a criterios estrictamente jurídicos.

Pero lo cierto es que la nueva posición de la Abogacía se llevó por delante al jefe de lo Penal de este departamento, Edmundo Bal, hasta entonces responsable de dirigir la acusación del Gobierno en esta “causa especial” y muchas otras -también especiales a su modo- como varias piezas de la Gürtel.

Cambios a pocos meses del juicio que tocaron de lleno a la Abogacía y que también rozaron al tribunal, que a punto estuvo de quedarse sin su presidente, Manuel Marchena, cuando el Gobierno y el PP pactaron que fuese él quien se pusiese al frente del nuevo Consejo General del Poder Judicial y del propio Tribunal Supremo.

Durante unos días las quinielas sobre el cambio de fuerzas en el tribunal con la salida de Marchena estuvieron a la orden del día hasta que él mismo puso fin a todo el revuelo con su renuncia, que acabó provocando que el pacto saltase por los aires.

Así que finalmente será él, junto a sus seis compañeros de tribunal, quienes tengan la última palabra sobre la dicotomía sedición-rebelión. Quienes decidan sobre el futuro de los que un día fueron las principales autoridades políticas de Cataluña.

Quienes, en definitiva, dirijan un juicio que, aunque en el Supremo enmarcan dentro de la normalidad, será sin duda también especial. El juicio del “procés”. EFE

Miriam Mejías y Rafael Martínez

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