El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,interviene en el pleno del Congreso de los Diputados. EFE/Archivo
Los partidos políticos se han llenado la boca, estos últimos años y meses, criticando la politización de la Justicia.
Parecía que, por una vez, iban ha hacer caso al clamor popular que pide que los jueces sean independientes, que los jueces no se dejen dictar sus decisiones por la clase política.
Casos como el de los ERE en Andalucía, la Gurtel en Madrid y Valencia o el 3% en Cataluña han salpicado y siguen salpicando a la clase política. La ciudadanía de ellos no confía que salga justicia, a lo sumo penas de inhabilitación o exiguas penas de cárcel, tal es el favor que la Justicia lleva a cabo con la clase política.
La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hubiera sido una buena oportunidad para demostrar la independencia del poder judicial; pero, he aquí, que no va a ser posible. Ayer una mayoría de izquierdas y nacionalista votaba en el Congreso continuar con un CGPJ politizado, en el que no sean los jueces quienes elijan a sus representantes y sigan siendo los políticos.
Mucho hay que esconder o tapar por la clase política, que quiere seguir controlando a sus jueces.
