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El Congreso rechaza pedir un informe sobre torturas para reparar a las víctimas

El pleno del Congreso ha rechazado hoy una moción del PNV con la que se instaba al Gobierno a elaborar un informe para reconocer y reparar a las víctimas de las torturas, en el contexto de la lucha contra ETA, y retirar condecoraciones a los miembros de las fuerzas de seguridad condenados por malos tratos.

En nombre del PNV, Mikel Legarda ha garantizado que “bajo ningún concepto” se buscaba equiparar violencias ni víctimas, sino reforzar el Estado de derecho y construir “una auténtica cultura de los derechos humanos” desde la normalización de la convivencia y la construcción de una memoria crítica del pasado.

Pero sus argumentos no han convencido y la diputada del PP María del Carmen Hernández le ha recordado que la denuncia sistemática de malos tratos formó parte de la estrategia de ETA y ha apostado por deslegitimar a los terroristas.

Desde el PSOE, David Serrada ha subrayado el bajo número de condenas por torturas en España y ha recalcado también que en un Estado de derecho es el poder judicial el que debe determinar si hay víctimas de malos tratos, el mismo argumento que ha usado Ciudadanos, quien ha instado al Gobierno a reponer el recurso de inconstitucionalidad contra la ley vasca de abusos judiciales.

Desde la tribuna los nacionalistas vascos han recibido el apoyo de Unidos Podemos, que ha defendido la necesidad de tomar medidas aunque hubiera una sola víctima; ERC, que ha calificado la moción de “antifascismo”; el PDeCAT y EH-Bildu, insuficiente para sacarla adelante.

Tampoco ha tenido éxito su proposición de ley para reconocer las resoluciones judiciales dictadas en la UE antes de agosto de 2010, una iniciativa que, de aprobarse, habría permitido que presos de ETA salieran antes de prisión en España al descontarse las penas cumplidas en Francia.

La iniciativa del PNV buscaba reformar la Ley orgánica de intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la UE, pero ha sido rechazada por 164 votos (fundamentalmente del PP y Ciudadanos), frente a los 93 diputados que han votado a favor y las 85 abstenciones, opción por la que ha optado el PSOE.

El PNV ha criticado la transposición que hizo España de la decisión marco sobre el reconocimiento de resoluciones judiciales en la UE al poner el límite temporal de agosto de 2010, una restricción que, en su opinión, es discriminatoria, fragmenta el espacio europeo de seguridad y justicia e impide una aplicación homogénea de la normativa comunitaria.

Pero los grupos que han votado en contra le han recordado la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que respaldó a España ante la demanda presentada por varios presos de ETA, entre ellos Santiago Arróspide Sarasola, Santi Potros, por retrasar su excarcelación al no restar a sus condenas máximas el tiempo de pena cumplido en Francia.

“¿Qué les debe el PNV a los terroristas de ETA condenados en Francia?”, ha preguntado el diputado del PP Leopoldo Barreda, quien ha estimado que deberían avergonzarse de su “bochornosa” propuesta.

Desde el PSOE, Gregorio Cámara ha recordado que la ley española, aprobada con un alto consenso, no contradice la decisión marco europea y ha pedido esperar a que la Comisión Europea dictamine si los países miembros están aplicando debidamente el principio de equivalencia.

Más duro ha sido el portavoz de Ciudadanos Juan Carlos Girauta, quien ha subrayado que “el silencio de las pistolas no merece ningún premio”, mientras que el portavoz de Unidos Podemos Jaume Moya defendía la propuestas vasca con la advertencia de que España acabará siendo multada por una transposición “errónea” de la normativa europea que refuerza un “derecho penal de excepción”.

Desde EH-Bildu, Marian Beitialarrangoitia también ha respaldado la proposición de ley al estimar que la ley que se aprobó en España sólo buscaba “prolongar los castigos” a los presos de ETA. EFE

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