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La derogación de la Lomce llegará en enero al Congreso

El Gobierno ha estudiado el anteproyecto del Ministerio de Educación que modifica la LOE y deroga la Lomce y que “supone una modernización y no un cambio del sistema educativo”.

Así lo ha manifestado la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, al término del Consejo de Ministros, quien ha dicho que se trata de una reforma “respetuosa con la Constitución”.

El Ejecutivo ha realizado el “primer visionado” del anteproyecto de modificación de la LOE de 2006, que conllevará a su vez a la derogación de la Lomce de 2013.

La también portavoz del Gobierno ha explicado que el texto aún se encuentra en fase de consultas y que, una vez que reciban los dictámenes, incorporarán las enmiendas que consideran para cuando sea llevada para la segunda lectura del anteproyecto al Consejo de Ministros.

“Nuestros propósito es meterlo al Congreso en enero”, ha detallado la ministra.

El primer paso para ello lo ha dado el Consejo de Ministros con la “primera lectura” del anteproyecto de modificación de la LOE socialista de 2006 que a su vez fue reformada por el PP con la Lomce de 2013.

La reforma liderada por Celaá, y que cuenta ya con críticas de los grupos parlamentarios y de la comunidad educativa, “supone una modernización y no un cambio del sistema educativo”, ha explicado la también portavoz del Gobierno.

Se trata de un texto “respetuoso con la Constitución”, ha añadido la ministra, que ha especificado que ahora es momento de consultas ya que faltan los dictámenes del Consejo Escolar del Estado y otros para poder incluir enmiendas al anteproyecto.

La nueva norma que sustituirá a la Lomce o “ley Wert” afecta solo a la educación no universitaria: 8.179.539 estudiantes de Infantil, Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Formación Profesional y otros programas formativos.

También afecta a 701.373 docentes y a 28.531 centros de enseñanzas de régimen general no universitarias, de los que 19.112 son públicos y 9.419, privados.

Celaá ya presentó su reforma en noviembre a los grupos parlamentarios del Congreso, lo tiene que hacer a las comunidades en Conferencia Sectorial y ayer mismo concluyó el trámite de información pública del anteproyecto, que se denomina de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación.

Por su lado, los principales sindicatos de docentes, CCOO, ANPE, STES, CSIF y UGT, han demandado esta semana una participación real del profesorado en la reforma educativa después de reunirse con representantes del Ministerio.

CCOO ha pedido más celeridad para derogar la Lomce, es decir, que se haga a través de un real-decreto ley.

STES ha pedido más consenso sobre la norma porque sino la ley “tendrá su caducidad asegurada”.

ANPE ha calificado la reforma de “solo una contrarreforma de la Lomce y no la reforma global y profunda que necesita la educación en España”.

CSIF cree que el anteproyecto “no da estabilidad al sistema y no recoge un currículo básico en todo el país, ajustado a criterios pedagógicos y científicos, ni unas horas lectivas mínimas, especialmente de castellano”.

UGT ve “imprescindible” que la reforma incluya una memoria económica.

La Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) critica la falta de diálogo de Celaá y que el texto no garantice los conciertos y ningunee la enseñanza de la religión.

La reforma educativa de Celaá persigue, entre otros objetivos, que los alumnos de Primaria y Secundaria estudien Valores Cívicos y Éticos, que la Religión no sea computable, y que el Bachillerato sea más flexible y se pueda superar con una asignatura suspensa.

Además, se eliminan las reválidas, aunque habrá evaluaciones de diagnóstico muestrales; se recupera la anterior prueba de acceso a la Universidad.

Los contenidos básicos del currículo serán diseñados por el Gobierno y se tendrán que cumplir en un 55 % de los horarios escolares en las comunidades que tengan lengua cooficial y en un 65 % en aquellas que no la tengan.

Las Administraciones educativas fijarán la proporción del uso de la lengua castellana y la lengua cooficial como lengua vehicular, así como las materias que deban ser impartidas en cada una de ellas.

Respecto a los centros concertados, se elimina la “demanda social” para su oferta. Se establece que la programación debe asegurar la existencia de plazas públicas suficientes. Corresponde a las comunidades el desarrollo del régimen de conciertos a partir de la regulación general establecida por el Gobierno. EFE

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