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Ferrer (PSOE) pide a nacionalistas que apoyen la agenda social del Gobierno

El secretario de Empleo y Relaciones Laborales del PSOE, Toni Ferrer, ha pedido hoy a las fuerzas nacionalistas que respaldaron la moción de censura que apoyen también la agenda social del Gobierno para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.

Ferrer, quien ha participado en Pamplona en una conferencia de la UGT sobre “Reformas del Mercado Laboral y del Sistema Público de Pensiones”, ha señalado a los periodistas que las fuerzas que ahora están en el Gobierno de Navarra y “apoyaron en su día la moción de censura”, también deberían apoyar la “agenda del cambio” del Gobierno socialista.

Se trata de una serie de medidas “muy importantes”, que no son solamente de iniciativa del Gobierno, por lo que ha pedido “consenso del conjunto parlamentario” para aprobarlas en el Congreso, ha destacado Ferrer, que ha estado acompañado por el secretario general de la UGT de Navarra, Jesús Santos.

Desde el 2 de junio, ha comentado Ferrer, el Gobierno “ha lanzado una agenda del cambio”, en la que “lo que se plantea es en primer lugar impulsar un modelo de crecimiento más sostenible y más justo para fortalecer el estado de bienestar”.

En ese sentido, ha resaltado el compromiso de revisar las pensiones con el IPC y “erradicar aspectos que hoy en día en la Seguridad Social van en contra de los actuales y los futuros pensionistas, como es el factor de sostenibilidad, y buscar otras fuentes de financiación”.

También ha apostado por fortalecer el sistema de dependencia, mediante la recuperación de la cotización de los cuidadores a personas dependientes, en su mayoría mujeres, y ha abogado por fortalecer el empleo, “que en nuestro país está caracterizado por ser precario, temporal, estacional, con bajos salarios”, lo que genera “desigualdad” y “pobreza laboral”.

Ferrer ha mencionado otras medidas como el plan director por el empleo digno, el “ambicioso” plan de choque de empleo juvenil, dotado con 2.000 millones de euros, o el nuevo contrato de relevo para el sector industrial, que se quiere ampliar al resto de sectores, como los servicios, el transporte o la hostelería.

Además, ha recordado, antes de final de año o a primeros de 2019 se publicará el real decreto de aumento del SMI a 900 euros, una medida que afectará a cerca de 1,3 millones de trabajadores, y entrará en vigor la revisión de las pensiones con el IPC.

También se está tratando en la mesa de diálogo social la derogación de los aspectos que afectan a la negociación colectiva.

El objetivo, ha explicado, es fortalecer la negociación colectiva, fomentar el papel del convenio sectorial, que quedó “debilitado” con la reforma laboral, recuperar la ultraactividad de los convenios, establecer mejoras en las suspensiones temporales de empleo a través de la reducción de jornada e impulsar la contratación indefinida,

Por último, y como aspecto más importante, ha agregado, a primeros de año se abordará la negociación con la patronal de una reforma global del Estatuto de los Trabajadores.

También ha intervenido en esta jornada de la UGT el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, Santos Ruesga, quien ha valorado la revalorización de pensiones con el IPC y ha afirmado que, “aunque la situación política es un poco complicada por los equilibrios parlamentarios, sería bueno aprovechar la coyuntura para hacer alguna reforma de más calado”.

Sobre todo, ha añadido, “pensando que en los próximos años podemos tener problemas en cuanto a la financiación y la carga del sistema público de pensiones sobre el erario público”.

Al respecto, ha apuntado que habría que potenciar el empleo para que los ingresos de la Seguridad Social sigan creciendo, pero “desgraciadamente estamos en una situación económica con una recuperación ‘a medias’, todavía no hemos alcanzado las tasas de trabajo de 2007”.

Por ello, ha dicho, en los próximos 10 a 15 años probablemente no se cubra con cotizaciones el incremento del gasto de la Seguridad Social por razones demográficas y por este motivo “vamos a tener que pensar en una financiación del sector público al sistema de pensiones”. EFE

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