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Navarra da un “paso importante” en la Ley de Conciertos Sociales con primera licitación

El Gobierno de Navarra ha dado “un paso importante” en la aplicación de la Ley foral de Conciertos Sociales al licitar la gestión de 152 plazas para atención a menores con el nuevo sistema, limitado a entidades sin ánimo de lucro y que valora mejoras laborales o de gestión en lugar de otras como la bajada de precios.

Así lo ha subrayado en conferencia de prensa el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, quien ha anunciado esta primera licitación, a la que seguirán otras, y que conlleva la gestión de 152 plazas mixtas de atención a menores en situación de desprotección familiar o social (en riesgo o desamparo).

Esta licitación se ha distribuido en dos lotes, para que puedan presentarse ofertas al conjunto de las plazas o bien a un solo lote, y el valor estimado del contrato para cada uno de los ejercicios de 2019, 2020 y 2021 es de 3,6 millones de euros (lote 1) y 2,9 millones de euros (lote 2), con un coste para el primer trienio de 11 millones (lote 1) y de 8,8 millones (lote 2), IVA excluido.

El concierto busca posibilitar el marco técnico y administrativo, así como los recursos necesarios para la puesta en marcha de cuatro programas de protección a la infancia, dirigidos a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo o de desamparo que se encuentren en Navarra.

El reparto es de 104 plazas mixtas para el programa de acogimiento residencial básico (ARB) en hogares funcionales; 10 nuevas plazas mixtas para el programa de acogimiento residencial especializado; 20 plazas mixtas para el programa de seguimiento a menores en proceso de autonomía; y 18 plazas mixtas para el programa de centro de día.

Estos programas se destinan a niños y niñas de edades superiores a los 7 años, ya que menores de esta edad, que se encuentran en situación de desamparo, obligatoriamente habrán de ser atendidos y atendidas desde recursos de acogimiento familiar, ya sea en familia extensa o en familia ajena.

Según ha explicado Laparra, la vigencia del concierto tendrá una duración de 3 años, pudiendo ser prorrogado por otros dos períodos de hasta tres años, con un máximo total de nueve años, mientras que el sistema actual suponía el contrato de un año, renovable hasta 4 años.

Los módulos menor/año representan, respecto de los contratos vigentes, una mejora de un 21 % para los programas de acogimiento residencial básico; un 17 % para el programa de acogimiento residencial especializado, y un 52 % para el programa de centro de día (el programa de Autonomía es de nueva creación).

En este caso, el incremento del módulo atiende a una mejora en los ratios de personal, una subida prevista de los salarios, así como la actualización del IPC de los últimos años en que no había sido equiparado.

El vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, ha destacado que, “este modelo de concierto que se adopta ahora por primera vez, reconoce la enorme aportación de experiencia, recursos humanos, económicos y materiales, que las entidades de iniciativa social vienen realizando al sistema de servicios sociales, abriendo nuevas oportunidades de colaboración entre la administración pública y la sociedad civil”.

Además, ha afirmado que, “se trata, en muchas ocasiones, de entidades de iniciativa social que surgen de las propias personas afectadas por problemáticas socio-sanitarias y que su fin social y sin ánimo de lucro, junto a su capacidad para aportar recursos añadidos, incentivan la mejora continua en la atención a las personas beneficiarias de servicios y prestaciones, tanto desde el punto de vista de la cantidad como de la calidad”.

“Su habitual capacidad para complementar los servicios con programas preventivos y de voluntariado socio-comunitario, hace de este tipo de conciertos un modelo de gestión que puede obtener un valor añadido sin pérdida de eficacia ni eficiencia”, ha dicho tras destacar además que la posibilidad de prorrogar los conciertos durante 9 años “mejora la estabilidad de los programas y la gestión por parte de las entidades adjudicatarias”, ha añadido Laparra.

En cualquier caso, es destacable que para la adjudicación de los conciertos “no se establece una concurrencia en base a precios, no se compite bajando los precios, sino que los precios son los que se establecen en base a los costes y en la concurrencia tiene que ver sobre todo con indicadores de la calidad del servicio y también con mejoras laborales”.

Además, “se valora el trabajo realizado y no solamente lo que se propone a futuro”, ha dicho Laparra. EFE

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