La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, interviene en el Parlamento de Navarra.
El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado hoy por unanimidad la modificación del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, con la que se hará recaer en la persona o entidad prestamista el tributo que grava las hipotecas
Según ha afirmado el consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu, durante la sesión plenaria de esta tarde, este era un impuesto con “modesta capacidad recaudatoria” que no había dado nunca «muchos problemas”.
Sin embargo, tras convivir “pacíficamente” con él “durante tantos años”, en las últimas semanas se han producido una serie de resoluciones y decisiones judiciales contradictorias del Tribunal Supremo.
Por un lado, el Tribunal eximía al banco del pago de este tributo y determinaba que debía ser el cliente quien lo asumiera, para posteriormente rectificar y establecer que quien debía abonar este impuesto debía ser el propio cliente.
“Ante el desasosiego y perplejidad causado, el Gobierno de Navarra ha tomado la decisión de, por seguridad jurídica, traer un proyecto de ley, acomodarnos en esta materia a la normativa estatal y decidir que el sujeto pasivo sea el prestamista”, ha explicado.
El regionalista Juan Luis Sánchez de Muniáin, que se ha mostrado a favor de armonizar la normativa foral con la estatal, ha cuestionado por qué se copia la legislación común “en esta materia y no en otras”, haciendo así referencia a las prestaciones por maternidad.
Ha apoyado no obstante “que nuestra legislación foral sea utilizada por una vez en esta legislatura en interés de sus ciudadanos”.
En nombre de Geroa Bai, Jokin Castiella ha mostrado su sorpresa al ver “cómo durante tantos años ha habido una posición relativamente laxa en cuanto a que era una tasa que debían pagar los ciudadanos y ahora de repente, en el momento en que existe un ruido social, hay partidos políticos que se indignan y ponen el grito en el cielo porque debe pagarlo la banca y suprimen este tributo”.
“Qué casualidad que cuando se pone el grito en el cielo es cuando lo debe pagar la banca y no el ciudadano”, ha apuntado.
Por su parte, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha relatado que su formación apostaba por que dicho tributo se pagase “solamente en caso de no corresponder a la primera vivienda habitual”, una propuesta que imitaba lo fijado en el País Vasco pero que en Navarra “tuvo escaso eco”.
Según ha argumentado, “a fin de cuentas, los bancos cobrarán a los usuarios este costo” y para evitar esta situación, EH Bildu proponía este sistema, que ha calificado como “más adecuado”.
Laura Pérez, parlamentaria de Orain Bai en el grupo Podemos-Orain Bai, ha considerado que esta norma viene a “enmendar lo que la ciudadanía ha reclamado en las calles”. Es un avance, «pero aún queda mucho por hacer”, ha señalado.
La portavoz socialista, María Chivite, ha subrayado que el seguido por el Ejecutivo Foral ha sido un camino “correcto” aunque “un poco más lento” que el Gobierno central, “que se puso las pilas y se movió rápido”.
La portavoz popular, Ana Beltrán, ha destacado de que esta podría ser “la primera vez en esta legislatura” que coincide con el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, al afirmar que los bancos van a trasladar este pago “de una forma u otra a los clientes”.
Ha denunciado que en esta cuestión “bien que han sido presurosos en hacer lo mismo que el Gobierno de España, porque no les cuesta un duro”, pero «no han tenido la misma actitud a la hora de devolver las retenciones de prestaciones por maternidad, porque eso sí que cuesta dinero”.
Finalmente, la parlamentaria de I-E Marisa de Simón ha apuntado que lo “justo” es hacer que pague “quien hace el negocio”, que es el prestamista.
En su turno de réplica, y haciendo referencia a las prestaciones por maternidad, el consejero Aranburu ha resaltado la “coherencia total” del Ejecutivo Foral, pues la exención “beneficia a las rentas más altas”.
Además, ha recordado que se decidió modificar el tratamiento de estas prestaciones con efectos a 1 de enero de 2019 “mucho antes” de la sentencia del Tribunal Supremo. EFE
