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El consentimiento, pieza clave para la revisión de los delitos sexuales

La sección penal de la Comisión de Codificación, órgano consultivo del Ministerio de Justicia, se reúne mañana para cerrar la revisión de los delitos sexuales en el Código Penal, una trabajo que tendrá como pieza clave la plasmación del «consentimiento» de la víctima.

Fuentes jurídicas consultadas por Efe reconocen la diversidad de pareceres dentro de la comisión de expertos después de que el Gobierno abogara por vincular los delitos sexuales a la falta de consentimiento expreso de la víctima, de modo que «si una mujer no dice que ‘sí’ explícitamente, todo lo demás es ‘no'».

Mañana acaba el plazo para que la comisión de expertos presente su informe a Justicia y, según esas fuentes, todavía no está lista la redacción final de la propuesta, aunque el objetivo es darle la máxima importancia al consentimiento.

El Gobierno encargó a la Comisión de Codificación revisar la tipificación de los delitos sexuales tras la polémica suscitada el pasado abril por la sentencia de la Manada, cuyos integrantes fueron condenados cada uno a nueve años de prisión por delitos de abuso sexual a una joven en Sanfermines, pero no por agresión sexual, al estimar los jueces que no hubo violencia o intimidación.

Los trabajo de la comisión de expertos comenzaron ya con dificultades, tras comprobarse que la sección de Derecho Penal estaba compuesta por veinte hombres y ninguna mujer.

El anterior ministro de Justicia, Rafael Catalá, decidió incorporar a mujeres y finalmente el encargo de revisar la tipificación de los delitos sexuales recayó en quince mujeres y trece hombres.

Aunque Catalá les dio de plazo hasta el 15 de junio, la nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado, lo amplió hasta mañana, 15 de noviembre, al pedir a los expertos que analizaran también otras leyes desde la perspectiva de género.

Delgado señaló hace un mes que el trabajo de los expertos estaba casi terminado y reiteró que el objetivo de la nueva tipificación era «ir hacia el consentimiento expreso», pero reconoció que había «un problema de prueba».

Según explicó, había que estudiar con detalle los elementos probatorios que deben valorar tanto los fiscales, a la hora de presentar una acusación por un presunto delito sexual, como los jueces, encargados de dictar sentencia.

Diversos juristas han apuntado a la dificultad de probar el consentimiento informado y preservar el principio de presunción de inocencia. EFE

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