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El cuatripartito evidencia la distancia entre justicia y ciudadanía y el TSJN pide “respeto”

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Joaquín Galve, ha pedido “respeto institucional” en una comisión parlamentaria en la que los grupos del cuatripartito han incidido en la distancia que observan actualmente entre la justicia y la ciudadanía

Esta ha sido una de las cuestiones puesta de manifiesto en el Parlamento Foral, donde Galve ha comparecido para explicar la Memoria de Actividades y Funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Navarra correspondiente al año 2017.

En la sesión, los grupos que sustentan el Gobierno Foral han querido poner de manifiesto el “alejamiento” o “distancia” que existe a día de hoy entre la justicia y la ciudadanía, haciendo así referencia a resoluciones judiciales como las de los casos Alsasua o La Manada, que han dado lugar a protestas y manifestaciones.

Por su parte, tanto PSN como PPN han criticado los ataques emitidos a la actuación de los tribunales, cuestión “especialmente preocupante” cuando viene de la clase política, que “en lugar de apaciguar están azuzando a la ciudadanía a ponerles en su contra”, palabras estas últimas de la socialista Inma Jurío.

Respecto a las afirmaciones del cuatripartito, Galve ha reconocido que los jueces están “sometidos a críticas, que incluso son buenas” y que “una institución que se dedica a la resolución de conflictos muy popular no puede ser ni será nunca”.

“El problema es cuando la crítica se convierte en un insulto y ya no es que sea del ciudadano, el problema está cuando viene de representantes de instituciones”, ha advertido.

Tras pedir “respeto institucional” y “reciprocidad”, el presidente del TSJN ha añadido que no es habitual ver a jueces “criticar leyes”.

“Los jueces pagamos impuestos y no verán a nadie que diga ‘estos del Parlamento han perdido la cabeza’, seguro que les parecería una falta de respeto -ha manifestado-, muchos jueces tenemos hijos, la política educativa nos puede no gustar, pero ahí está, tampoco sale un juez en una rueda de prensa diciendo que ‘están mal de la cabeza’”.

Por otro lado, se ha mostrado optimista en lo referente a las cláusulas suelo, pues parece que el problema está “bien centrado”.

“Si todo continúa igual, existen motivos para pensar que estamos viendo la otra orilla –ha explicado-, el número de cláusulas suelo podrá ser muy elevado pero es un número fijo y llegará un momento en que se acabarán”. En este sentido, ha trasladado que “parece que la cosa va descendiendo”. “No tan rápido como nos hubiese gustado que fuera, pero va descendiendo”, ha dicho.

En cuanto a la situación judicial en Navarra, Galve ha explicado que la memoria de 2017 refleja que “se puede considerar buena”, sobre todo en comparación con el resto de los Tribunales Superiores de Justicia España, aunque “todo es mejorable”.

Según ha indicado, en 2017 la justicia en Navarra ocupaba el primer puesto de España en cuento a menor tasa de asuntos pendientes y en menor índice de congestión de procedimientos, además de tener la segunda mejor tasa de resolución de asuntos. También era la comunidad en la que menos juicios se suspendían.

Sin embargo, ha puesto de relieve un aumento en 2017 de “nada menos que un 25 %” en los juzgados de violencia sobre la mujer en Pamplona, al pasar de 1.082 casos registrados en 2016 a 1.353 en 2017, lo cual supone “el triste y lamentable récord histórico en asuntos sobre la mujer desde que existen este tipo de órganos”. El total de casos registrados en Navarra fue de 2.200.

También se ha referido al número de asuntos totales registrados en Navarra, que en 2017 fue “prácticamente idéntico” al de 2016: unos 60.000. En cuanto a las sentencias, en 2017 únicamente se dictaron 68 más que en 2016, lo que implica un aumento del 0,4%.

En otro orden de cosas, ha subrayado que en Pamplona se realizaron 70 desahucios procedentes de ejecuciones hipotecarias de un total de 210 en 2017, “exactamente el mismo número que 2016”. Una cantidad que en el conjunto de la Comunidad Foral ascendería a 154 lanzamientos por ejecución hipotecaria de los 414 totales.

Finalmente, ha pedido un aumento presupuestario, ya que la cantidad destinada a Justicia es un 0,68 % del presupuesto total de Navarra. “No solo somos el menor de las comunidades autónomas de España, sino la única que no alcanza el 1% -ha remarcado-, algunas incluso superan el 2 %”. EFE

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