Mons. Arrieta. secretario del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos.
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Mons. Juan Ignacio Arrieta, secretario del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos, en el marco del XIII Simposio Internacional Martín de Azpilcueta de la Universidad de Navarra, ha afirmado que «a situación de conflictividad generada por los casos de abusos es mayor que en otras épocas y ante estos hechos la Iglesia está respondiendo con coherencia a la verdad y cada vez con mayor energía”
Centrado en “Las relaciones de servicio según el derecho canónico y estatal: oficios, idoneidad y relaciones laborales”, el encuentro reunió a expertos de diferentes países ante un programa de 12 conferencias y 5 coloquios. Monseñor Arrieta, antiguo alumno y antiguo profesor del centro académico, impartió una sesión en la que explicó cuál es el sistema canónico de selección y provisión de los cargos directivos.
Preguntado tras su intervención por el procedimiento que se sigue para el cese en esos cargos por falta de idoneidad, aclaró que los motivos pueden ser muy variados y “solo en algunos casos son de naturaleza disciplinar o penal, pues van desde la falta de salud necesaria hasta la carencia de habilidades para la enseñanza, en el caso de un profesor. En esos casos no habría idoneidad para el cargo, pero no conllevaría ninguna pena o castigo”.
Una apuesta de la Iglesia por la formación y seguimiento de sus ministros y cargos
Tras subrayar que los abusos son, por desgracia, una problemática que se da en muchos contextos sociales y en todo tipo de instituciones y confesiones religiosas que se relacionan con jóvenes, afirmó que “en la Iglesia son particularmente intolerables e inadmisibles, aunque se hubiera dado el caso de una única persona”.
Recordó que en 1984 fue el entonces cardenal Ratzinger y prefecto para la Congregación para la Doctrina de la Fe quien puso de relieve que “ante este tipo de hechos inadmisibles realizados por clérigos no basta con hacerles abandonar el ministerio mediante una dispensa, como se hacía anteriormente, sino que debían ser juzgados y expulsados del ministerio de forma penal”.
Asimismo, destacó que esta problemática ha hecho aumentar los esfuerzos de la Iglesia en mejorar la formación y el seguimiento permanente de sus ministros y de sus cargos, e hizo hincapié en que de esa manera la Iglesia preserva los derechos de los fieles y se empeña en ofrecer un ministerio pastoral cada vez más adecuado y fiel con el mandato recibido por Cristo.
