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UnionGC y JUCIL muestran su preocupación por transferencias de tráfico en Navarra

 La Unión de Guardias Civiles (UnionGC) y la asociación profesional JUCIL han mostrado en sendos comunicados su preocupación por el inicio de las negociaciones para el traspaso de las competencias de tráfico en Navarra a la Policía Foral

En ese sentido, UnionGC muestra su «profunda preocupación por la incertidumbre profesional y personal en la que se pueden ver envueltos, sin quererlo, los miembros de la Agrupación de Tráfico destinados en la Comunidad Foral de Navarra».

Actualmente, señala la entidad, «son cientos los guardias civiles de tráfico de diferentes empleos destinados en dicha comunidad, algunos oriundos de ella, y muchos otros habiendo establecido sus raíces personales y familiares en la misma».

A corto plazo, agrega, estos agentes y sus familias «se verán en la tesitura de tener que abandonar sus hogares en busca de un nuevo destino dentro de la Agrupación en otra comunidad autónoma, o bien abandonar su puesto de trabajo en la especialidad de Tráfico y tratar de recolocarse dentro de la Comunidad Foral en otros cometidos, sin tener tampoco la seguridad de conseguirlo».

UnionGC considera legítima la negociación política «dentro de los cauces legales y democráticos que estime cada Gobierno», pero está «totalmente en contra de que esta negociación se logre a cambio del bienestar y las condiciones profesionales y familiares de nuestros compañeros y compañeras, y más si cabe en un territorio que tanta sangre y sufrimiento nos ha visto derramar».

Por ello, emplaza al Gobierno español a que no modifique el despliegue territorial de la Agrupación de Tráfico y «menos aún sin llegar a consensuar una solución a cada casuística personal de los afectados».

Por su parte, JUCIL afirma ver «con honda preocupación» cómo «una vez más, desde los distintos ejecutivos, vuelven a primar los intereses políticos a los de los ciudadanos y, especialmente, en este caso a los de los guardias civiles».

En Navarra, destaca, se van a ceder estas competencias a la Policía Foral «abundando en gran menoscabo de la protección que el Estado debe garantizar a los ciudadanos en materia de Seguridad, de la cual es el último responsable».

«Una vez más las familias de los compañeros allí destinados observan con perplejidad cómo no se cuenta con ellos, cómo se les menosprecia y cómo se les abandona sin consideración ninguna al perjuicio que esta medida pueda causarles», asegura la asociación. EFE

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