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La Fiscalía pide hasta 25 años de prisión por rebelión para los líderes independentistas

En su escrito, firmado por los cuatro fiscales del caso, el Ministerio Público considera que el proceso secesionista catalán que derivó en la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) estuvo “salpicado de actos de fuerza, agresión y violencia”, una palabra que aparece escrita en 14 ocasiones en las 127 páginas del documento

La Fiscalía acusa a los líderes del proceso soberanista catalán de un delito de rebelión y pide 25 años de prisión para el exvicepresidente Oriol Junqueras; 17 años para los Jordis y la expresidenta del Parlamento Carme Forcadell; y 16 años para cada uno de los cinco exconsejeros presos.

En su escrito de calificaciones provisionales, presentado hoy ante el Tribunal Supremo, el Ministerio Público solicita la pena más alta para Junqueras por considerarle el líder de la rebelión y añade a la petición de prisión 25 años de inhabilitación absoluta.

Para el exlíder de ANC y el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, la Fiscalía pide 17 años de cárcel solo por rebelión y otros 17 de inhabilitación absoluta, la misma pena que solicita para la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, por considerarles también “promotores y/o jefes principales”.

Un escalón por debajo están los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa, para quienes solicita 16 años por rebelión, uno menos que los anteriores por no atribuirles ese papel de jefes de la rebelión, a lo que suma 16 años de inhabilitación absoluta.

A estos cinco exmiembros del Gobierno de la Generalidad, junto a Junqueras, les acusa de un delito de rebelión que absorbe la “distracción ilegal de caudales públicos”, es decir el delito de malversación.

Para los otros tres exconsejeros -Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila- el Ministerio Público pide 7 años de prisión, 16 años de inhabilitación absoluta y multa de 30.000 euros por un delito de malversación de caudales públicos y otro delito continuado de desobediencia grave cometido por autoridad pública.

Por este último delito, la Fiscalía también pide al Supremo que les imponga un año y 8 meses de inhabilitación para el ejercicio de cargo público.

Para los cinco miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña que tramitaron las denominadas “leyes de desconexión” -Lluis Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Josep Joan Nuet- solicita 30.000 euros de multa y un año y ocho meses de inhabilitación para cargo público por un delito continuado de desobediencia grave, misma pena que plantea para la expresidenta de la CUP en la cámara catalana Mireia Boya.

En su escrito, firmado por los cuatro fiscales del caso, el Ministerio Público considera que el proceso secesionista catalán que derivó en la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) estuvo “salpicado de actos de fuerza, agresión y violencia”, una palabra que aparece escrita en 14 ocasiones en las 127 páginas del documento.

Los cuatro fiscales señalan que los principales promotores fueron Junqueras, Forcadell y los Jordis “en unión de otros procesados huidos”, en alusión al expresidente Carles Puigdemont.

El plan que todo ellos urdieron, dice la Fiscalía, tenía como principal objetivo “orillar la aplicación” tanto de la Constitución como del Estatuto de Autonomía para llegar a una independencia “que estuvieron a punto de lograr con los actos delictivos que ejecutaron poniendo así en grave peligro el orden judicial”.

Y otorga una “crucial” responsabilidad a los Jordis por llevar a cabo “una movilización popular como instrumento de presión para obligar al Estado a capitular frente al nacimiento de una nueva República”. NAVARRA INFORMACIÓN/EFE

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2 Comentarios

  1. Solo doy mi opinión

    Literalmente es un golpe de estado. Sin guerra, sin muertos (gracias a Dios) pero trataron de modificar unilateralmente el orden Constitucional y trataron de adueñarse de una parte de un país. Los textos son demoledores. Y firmados de puño y letra de Junqueras, Turull, Rull, Puichi y todos sus compinches necesarios. La trena es absolutamente inevitable. Jueces y fiscales poner nuevamente en evidencia al Dr Fraude, si tuviera algo de amor propio se iría a su casa, cosa bastante improbable.

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