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Objetivo consenso: cómo se hizo la Constitución Española

Pero no fue un camino de rosas: nacionalidades, aconfesionalidad, libertad sindical … eran términos todavía estridentes para los oídos de algunos, mientras que otros querían ir más lejos. Un exministro de Franco (Fraga) y un comunista que había pasado por el exilio y la cárcel (Solé Turá) se sentaban en la misma mesa: solo había acuerdo en que tenían que ponerse de acuerdo.

Lo lograron tres representantes de UCD, José Pedro Pérez-Llorca, Gabriel Cisneros y Miguel Herrero Rodríguez de Miñón; uno de Alianza Popular (AP), Manuel Fraga; uno del PSOE, Gregorio Peces-Barba; uno del PCE, Jordi Solé Turá; y Miquel Roca, de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), que representó a las minorías catalana y vasca del Congreso gracias a que los socialistas le cedieron uno de los dos puestos que les correspondían.

LA SEMILLA DEL CONSENSO

El Gobierno de Adolfo Suárez -que inicialmente planteó enviar al Congreso un borrador de constitución redactado por el Ejecutivo con el asesoramiento de expertos y, después, “oír” a los partidos- plantó la semilla del consenso al atender las peticiones de la oposición, especialmente del PSOE, para que los partidos fueran “protagonistas” y no meros “oyentes” en el proceso constitucional.

El 1 de agosto se crea la ponencia y el día 22 entran en materia: el primer acuerdo fue dar carácter confidencial a todos los trabajos con la prohibición de dar comunicados a la prensa e incluso “hacer declaraciones, aún a título personal, sobre temas constitucionales”.

Precisamente las filtraciones fueron algunas de las dificultades por las que atravesaron los trabajos constitucionales. En la reunión del 1 de septiembre ya hubo protestas de Peces-Barba y de Fraga por la información de la víspera en el diario El País sobre la posición de ambos partidos respecto a la inclusión del término “nacionalidades” en el texto.

PRIMEROS ESCOLLOS

“Los siete magníficos”, como les bautizaron los periodistas parlamentarios de la época, continuaron sus trabajos hasta que el 22 de noviembre se añadió una nueva dificultad cuando la revista “Cuadernos para el diálogo” publicó más de una treintena de los primeros artículos del borrador.

Nacionalidades, intervención del Estado en la economía, ausencia de mención expresa a la Iglesia Católica, un voto particular de los socialistas a favor de la república, el modelo educativo, debate en torno al divorcio, al aborto … demasiado ruido como para que sectores todavía influyentes no se pusieran nerviosos.

Muchos sectores sociales empezaron a mirar con recelo el debate constitucional y esa presión se hizo sentir en los partidos, que se volvieron mucho más prudentes en la segunda lectura del texto.

El 5 de enero de 1978 se publica el anteproyecto con 168 votos particulares de los ponentes y los grupos y los diputados a título individual presentan más de 3.000 enmiendas, cuya ordenación y debate prolongó los trabajos en ponencia hasta el mes de abril.

EL PSOE TENSA LA CUERDA

El hecho de tener tres representantes en la ponencia otorgaba cierta facilidad a UCD para hacer prosperar sus tesis buscando en cada caso un aliado circunstancial, pero las negociaciones no avanzaban.

Huyendo de la presión mediática, los siete se encierran una semana en el Parador de Gredos, en Ávila, y se consigue cierto desbloqueo. Pero, justo cuando se inicia el debate del polémico Título VIII, el de la organización territorial del Estado, Gregorio Peces-Barba, anuncia que abandona los trabajos.

El ponente socialista considera que en la revisión del artículo 28 -el relativo al derecho a la educación- se había producido “una grave ruptura del consenso”, según figura en la minuta de la reunión del 6 de marzo. El resto de los ponentes decide seguir adelante.

El diputado socialista vuelve a la ponencia un mes después para firmar el anteproyecto de Constitución, que pasa a debatirse en comisión a partir del 5 de mayo ya “con luz y taquígrafos”.

La comisión celebró hasta el 20 de junio veinticuatro sesiones con 148 horas de debate en las que se produjeron 1.400 intervenciones, pero en realidad, mientras la opinión pública seguía esos debates, el futuro de la Constitución se jugaba fuera del congreso.

A mediados de mayo se había llegado a la situación más delicada, ya que los socialistas consideraban que no se estaba respetando el equilibrio de fuerzas: Felipe González llegó a hacer unas declaraciones públicas dando por roto el consenso.

UCD tenía 166 escaños, el PSOE, 118; el PCE, 19 y Alianza Popular, 16, pero sin embargo, el partido de gobierno estaba sacando adelante gran parte de sus tesis con el apoyo del partido de Manuel Fraga.

Más de una veintena de artículos se aprobaron con votaciones muy ajustadas: de un lado UCD y AP, y del otro, PSOE, PCE y las minorías catalana y vasca.

El PSOE, que tras perder su “testimonial” enmienda republicana se abstuvo en el artículo sobre la forma política del Estado, consideró que su prudencia en este punto y sus 118 votos debían ser compensados.

LOS PACTOS DEL MANTEL

Adolfo Suárez temió, según testimonios de políticos de la época, una abstención o un voto en contra de los socialistas y ordenó reconducir las negociaciones, ya que el objetivo seguía siendo el consenso en sí mismo.

El vicepresidente Fernando Abril Martorell tomó entonces las riendas y convocó una cena entre los dirigentes de UCD y los del PSOE.

Fueron varias reuniones en distintos hoteles y restaurantes de Madrid, así como en los despachos de José Pedro Pérez-Llorca y Gregorio Peces-Barba, que empezaron con una cena el 22 de mayo en el restaurante José Luis, inicio de los conocidos “pactos del mantel”.

A ella asistieron por UCD, Abril Martorell, Pérez-Llorca, Cisneros y Rafael Arias Salgado, mientras que la delegación socialista, encabezada por Alfonso Guerra, incluía a Peces-Barba, Enrique Múgica y Luis Gómez Llorente.

Se desbloquearon allí 25 artículos de la futura Constitución y se configuró el bloque “constitucional” UCD-PSOE que permitiría la aprobación final del texto y que tuvo a Abril Martorell y Guerra como principales interlocutores.

Los socialistas admitían la economía de libre mercado, la flexibilidad de las plantillas, el despido o la mención a la Iglesia Católica; UCD tragaba con redacciones ambiguas sobre la disolución matrimonial y el derecho a la vida, y ambas partes acordaban una fórmula poco comprometida sobre la enseñanza privada.

LAS MINORÍAS

El camino parecía despejado pero esos pactos de mayorías al margen de la Cámara no gustaron a las minorías: protestó Alianza Popular, protestaron catalanes y vascos y hasta el PSP de Enrique Tierno, quien ya andaba bastante ofendido por haberse quedado fuera de la ponencia constitucional.

Alianza Popular amagó con retirarse de la comisión, pero el mayor problema se planteó entonces por las posiciones del PNV y sus reclamaciones de derechos históricos y soberanía, inasumibles para UCD. No hubo acuerdo.

Finalmente, el 31 de octubre el Parlamento aprobó la Constitución; en el Congreso se emitieron 345 votos, 325 a favor, 6 en contra (5 de Alianza Popular y 1 de Euskadiko Ezquerra) y 14 abstenciones (7 del PNV, 3 de Alianza Popular, 2 de UCD y 2 de la minoría catalana).

Aunque el consenso no fue pleno, el objetivo estaba cumplido aún a costa de la ambigüedad de muchos artículos y de dejar abiertos asuntos que hoy, cuarenta años después, siguen provocando más de un quebradero de cabeza. EFE

Pie de foto

El presidente del Gobierno, Adolfo Suárez (d); el vicepresidente, Manuel Gutiérrez Mellado (2d), otros miembros del ejecutivo y diputados de UCD, aplauden después de ser aprobado por el pleno del Congreso el texto del proyecto constitucional, por 326 votos a favor, 6 en contra y 13 abstenciones. EFE/Archivo

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