Tumba de Francisco Franco en el Valle de los Caídos. EFE
El Gobierno y la Iglesia han acordado trabajar juntos para impedir que los restos de Franco sean inhumados en la catedral de la Almudena, en la reunión «muy cordial, útil y productiva» que mantuvieron ayer la vicepresidenta Carmen Calvo y el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin.
«Lo que acordamos fue estar de manera conjunta para encontrar una salida que obviamente no puede ser la Almudena», ha dicho la vicepresidenta en los pasillos del Congreso.
Calvo ha subrayado además que cuenta con el apoyo del propio cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que «ya dijo el otro día que a ellos no les parece bien» que los restos del dictador se trasladen allí, como pretende la familia.
El Gobierno está dispuesto a aplicar la legislación que prohíbe exaltar una dictadura o a un dictador para impedir que los restos de Franco vayan a la cripta familiar de la Almudena, con el argumento de que allí pueden ser enaltecidos u homenajeados.
Así se lo advirtió Calvo al número dos del Papa: «le advertimos de que esta aplicación de la ley en nuestro caso se tiene que hacer en cualquier lugar del territorio y en este punto entendió que teníamos que intentar el Gobierno y también la propia Iglesia católica una salida de ambas partes».
El Ejecutivo sostiene que los restos de Franco, una vez que sean exhumados del Valle de los Caídos, deben inhumarse «en condiciones de dignidad, pero en ningún lugar en que puedan ser objeto de ningún tipo de homenaje o posición pública», como a su juicio sería el panteón familiar de la cripta de la catedral de la Almudena donde también está enterrada la hija del dictador.
A este respecto, Calvo ha recalcado que la Almudena «no es de titularidad privada» y que es responsabilidad de la Iglesia católica y del Estado, a través del Poder Ejecutivo, «garantizar en todo el territorio español que no se enaltece a Franco en ningún sitio ni en ningún punto del territorio».
Tras recordar que «todos» están sometidos al cumplimiento de la ley, ha advertido de que el Ejecutivo tiene instrumentos para garantizar que así sea. EFE
