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La Guardia Civil implica al consejero Puigneró en la activación de webs del 1-O

Concluye que el hoy consejero desobedeció “reiteradamente” los mandatos judiciales una vez se cerró la página y “entorpeciendo” la labor de la justicia

La Guardia Civil implica al consejero de Políticas Digitales y exsecretario de Telecomunicaciones, Jordi Puigneró, en la puesta en marcha de las webs del 1-O y concluye que desobedeció “reiteradamente” los mandatos judiciales una vez se cerró la página, “entorpeciendo” la labor de la justicia.

Así lo sostiene la Guardia Civil en un nuevo informe, al que ha tenido acceso Efe, remitido al juez de Barcelona que investiga el 1-O, en el que el instituto armado apunta que el ahora consejero fue responsable de las acciones encaminadas a poner en marcha la web referéndum.cat, “a sabiendas de su ilegalidad”.

Además, sostiene la Guardia Civil, una vez cerrada la web, el entonces secretario de Telecomunicaciones “habría desobedecido reiteradamente los mandatos de la autoridad judicial”, permitiendo que se abrieran otros dominios y “entorpeciendo dolosamente la acción de la justicia”.

Puigneró, que es consejero de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generalidad desde junio del pasado año, fue citado por la Guardia civil como investigado el 9 de abril de 2018, dos meses antes de su toma de posesión, en una causa por los delitos de malversación, desobediencia y revelación de secretos.

El ahora consejero, que acudió a la comandancia de la Guardia Civil acompañado por una abogada, se acogió su derecho a no declarar, según detalla el instituto armado en su documentación remitida al titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que todavía no ha decidido si hay base para imputarle, lo que en todo caso correspondería al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), dada su condición de aforado.

En concreto, los hechos que la Guardia Civil imputa al ahora consejero del Gobierno de Quim Torra son que como secretario de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad Digital puso al servicio del referéndum del 1-O, “a sabiendas de su ilegalidad”, la web Referéndum.cat, la aplicación Registro de Catalanes en el Exterior, la aplicación “Conéctate al voluntariado” y “otras posibles a determinar”.

Sobre la web “referéndum.cat”, la Guardia Civil detalla que Puigneró “habría desobedecido reiteradamente” los mandatos de la autoridad judicial una vez cerrada la web, “permitiendo o no tomando las medidas necesarias para evitar que se abrieran constantemente otros dominios, tales como referéndum.eu, referéndum.ws…, entorpeciendo dolosamente la labor de la justicia en favor del acto independentista del 1 de octubre”.

En su informe, la Guardia civil indica que no se ha podido determinar el “grado de conocimiento” de Puigneró respecto a la web Referéndum.cat, ni tampoco si impartió instrucciones, previamente redactadas por su superiores, a personas bajo su responsabilidad, como el entonces director del Cesicat Xavier Gatius o el director del Centro de Telecomunicaciones (CTTI), Joan Angulo.

No obstante, el instituto armado sostiene que, como responsable directo del CTTI y del Cesicat, Puigneró “debía conocer las labores que estaban realizando, para la celebración del acto independentista” sus subordinados, investigados en la causa.

Según la Guardia Civil, la “responsabilidad última” del diseño, activación y mantenimiento en el tiempo de la web del referéndum “es atribuible a los responsables del departamento de Presidència de la Generalitat”, que entonces estaba dirigido por Jordi Turull, actualmente en prisión preventiva por la causa del Tribunal Supremo por rebelión.

En el informe, los investigadores subrayan que los responsables de Presidència, “en connivencia con dirigentes de otros departamentos (Vicepresidencia, Gobernación…), articularon un plan preconcebido, en el cual participaron coordinadamente una pluralidad indeterminada de personas, las cuales se repartieron las diferentes tareas a realizar, utilizando para comunicarse entre ellos medios de comunicación segura con la finalidad de no ser detectados por las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado”.

Además, según el informe, los implicados contaron con la “necesaria colaboración” de personas ubicadas en el extranjero, en concreto en Londres.

La Guardia Civil reconoce en el informe que no se ha podido determinar el gasto que ocasionó al erario público la web del referéndum.

No obstante, insiste en que “ha quedado patente” que, para mantenerla activa en el tiempo, la Generalidad, a través de personal a su servicio, alojó en otros dominios, una vez clausurada, la página, “desobedeciendo así y de modo reiterado los mandatos de la autoridad judicial”. NAVARRA INFORMACIÓN/EFE

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