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La Fiscalía mantiene su acusación por los ERE para Chaves y Griñán y resto de los acusados salvo uno

Los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a otros exaltos cargos del Gobierno andaluz, volverán mañana al banquillo de los acusados en la recta final del juicio del caso ERE, en el que se enfrentan a hasta ocho años de cárcel por prevaricación y malversación.

Tras diez meses de juicio llega el momento clave, en el que las partes expondrán sus conclusiones en informes finales sobre la responsabilidad de los 22 acusados en la creación y mantenimiento del “procedimiento específico” con el que del 2001 al 2010 el Gobierno andaluz dio 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis y si sirvió para eludir la fiscalización y dar las subvenciones de manera arbitraria.

La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido su acusación contra 21 de los 22 ex altos cargos de la Junta procesados en la pieza política del caso ERE, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y la ha retirado contra el exsecretario de Hacienda Antonio Estepa.

El fiscal José Enrique Egocheaga ha expuesto sus conclusiones definitivas, en las que acusa de prevaricación y malversación a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 19 ex altos cargos del Gobierno andaluz.

A las 11:00 horas seguía leyendo su escrito inicial de acusación, con 44 páginas, con leves modificaciones respecto a las conclusiones provisionales en el relato de hechos por los que son juzgados y la retirada de la acusación para Estepa, para el que pedía 10 años de inhabilitación por prevaricación.

Para Griñán, la exconsejera Carmen Martínez Aguayo y el exinterventor general Manuel Gómez, reclamaron seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

Por los mismos delitos pidieron ocho años de prisión y 30 de inhabilitación para los exdirectores de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez; los exconsejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo; los viceconsejeros Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez Román; los exdirectores de IDEA Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete y los exsecretarios de Empleo Javier Aguayo, Lourdes Medina y Juan Francisco Sánchez.

Todas las defensas mantienen la inocencia de sus clientes y piden la absolución, unos defendiendo la legalidad del sistema -amparándose en normas varias, su conocimiento por el Parlamento y la inexistencia de alerta del Interventor de riesgo de menoscabo de fondos públicos- y otros negando su competencia para decidir cómo se daban las ayudas o “cortar el grifo”.

Las partes expondrán primero las conclusiones finales, donde pueden ratificar las iniciales o introducir modificaciones, aunque necesariamente para retirar acusaciones o incrementar la petición de penas, también pueden cambiar el relato de los hechos en el que se basan en función de lo que consideran acreditado en el juicio.

En caso de cambios por parte de la Fiscalía, algunas defensas pedirán suspender el juicio para estudiarlos y responder en sus conclusiones, si bien el tribunal está decidido a cumplir el calendario y acabar el juicio a finales de noviembre.

Tras las conclusiones, las partes expondrán sus informes finales, más extensos, en los que argumentarán según lo visto en el juicio por qué mantienen sus acusaciones y defensas, una exposición para la que el fiscal prevé que necesite tres o cuatro sesiones y el PP-A un par de ellas ya que las acusaciones deben acreditar los indicios de delitos que ven en cada uno de los 22 procesados.

Posteriormente será el turno de las defensas, cada una centrada en su cliente, y tras ello el tribunal dará a los acusados un turno por si quieren ejercer el derecho a una última palabra.

La mayoría ha adelantado que seguirán las instrucciones de sus abogados y no es previsible que muchos hagan uso de este derecho, aunque algunos, como el interventor, podría decir algo.

Tras ello, el juicio quedará visto para sentencia en una fecha muy próxima a las elecciones autonómicas del 2 de diciembre, y el tribunal se retirará a deliberar para dictar un fallo que tardará meses en conocerse. EFE

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