Miembros de la comisión que investiga la desaparición de Caja Navarra
El exsecretario general de Caja Navarra Alberto Pascual ha rehusado responder a las preguntas de los parlamentarios durante la comisión que investiga la desaparición de la entidad financiera, alegando que la obligación de mantener secreto profesional le impide informar sobre cualquier hecho del que haya podido tener conocimiento durante su actuación profesional.
Durante una breve intervención inicial, Pascual, que durante 8 años (de 2004 a 2012) prestó servicios en el área legal de la entidad, ha recordado que “con independencia del tiempo transcurrido” está sujeto a la obligación de secreto profesional establecida en la normativa vigente para los profesionales del derecho.
“En consecuencia, eso me impide informar ante esta comisión de cualquier hecho, circunstancias, noticias de las que haya podido tener conocimiento con motivo de cualquiera de las manifestaciones de mi actuación profesional”, ha explicado.
Concretamente, ha remarcado que la vulneración de este principio “implica graves responsabilidades”, desde penas de privación de libertad hasta la inhabilitación profesional. “Es una obligación muy estricta para cualquier profesional del derecho, no es ningún pacto de silencio”, ha añadido, en respuesta a la parlamentaria de Podemos-Orain Bai Tere Sáez.
Por este motivo, algunos de los grupos solicitarán un informe a los servicios jurídicos de la Cámara para determinar “hasta qué punto, más allá del derecho al que se ha acogido” el compareciente, “tiene obligación de responder a otro tipo de preguntas”.
Al respecto, Pascual ha advertido de que, a pesar de respetar la labor de los letrados de la Cámara, será él mismo quien determine el alcance de sus responsabilidades profesionales. “Tengo todo el respeto a lo que ellos puedan decirme, entiendo, además, que será coincidente con lo que he dicho, pero en cualquier caso entenderán que el alcance de mi responsabilidad profesional es exactamente mío”, ha aseverado.
“No me tiene que parecer ni bien ni mal que se pida un informe a los servicios jurídicos -ha añadido-, de hecho, si me parece algo, me parece bien, no tengo nada que objetar, tengo el máximo respeto y consideración profesional por los letrados de la Cámara”.
Geroa Bai ha lamentado el “oscurantismo” que implica la decisión de Pascual, en la misma línea que Podemos-Orain Bai, que ha calificado este hecho como “pacto de silencio”. Por su parte, los grupos de la oposición han reivindicado que el compareciente está ejerciendo su derecho en cuanto a la labor profesional que estaba desarrollando.
Concretamente, el PSN ha criticado los términos empleados por Geroa Bai y Podemos-Orain Bai, y el PPN ha rechazado «cualquier falta de respeto” a la profesionalidad del compareciente, “a lo que cumple y debe hacer cumplir en base a su profesión”. EFE
