El alto tribunal cierra el sumario del proceso separatista en Cataluña y abre juicio por rebelión, malversación y desobediencia
El Tribunal Supremo ha confirmado el cierre de la investigación del 1-O dictado por el juez Pablo Llarena y ha abierto juicio oral contra los 18 procesados por la causa del proceso separatista en Cataluña, entre ellos el exvicepresidente Oriol Junqueras, nueve exconsejeros y la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell.
En dos autos, la Sala de lo Penal del alto tribunal rechaza por unanimidad las más de 300 alegaciones y peticiones de prueba planteadas por las defensas contra el cierre de la instrucción que acordó el pasado julio el juez Llarena, que les procesó por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia por su participación en el proceso soberanista de Cataluña.
Y deja todas estas alegaciones y nuevas prácticas de prueba para la vista oral con la finalidad de evitar «dilaciones indebidas».
Se abre así la fase de juicio oral, por lo que la Sala da traslado a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado y a Vox para que en un plazo de cinco días formulen sus escritos de acusación.
Además de Junqueras y Forcadell, la Sala envía a juicio a los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santi Vila; y a los dirigentes soberanistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
Junto a ellos se sentarán en el banquillo los exmiembros de la Mesa del Parlamento Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Josep Joan Nuet, además de la exportavoz de la CUP en el Parlament Mireia Boya.
La Sala confirma también el sobreseimiento libre de la causa para el expresidente de la Generalidad Artur Mas y para la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia Neus Lloveras.
Y acuerda que los jueces Ana María García Ferrer y Andrés Palomo se sumen a partir de la fase oral al tribunal que enjuiciará el 1-O junto al presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, a Andrés Martínez, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Antonio del Moral, de forma que serán siete los magistrados que juzgarán los hechos.
Respecto al rechazo a las más de 300 diligencias de prueba solicitadas por las defensas, la Sala señala que «su admisión conduciría, sin duda alguna, a un inadmisible menoscabo del derecho de los inculpados a un proceso sin dilaciones indebidas».
«La reapertura del sumario frustraría toda expectativa de enjuiciamiento en un plazo razonable. Y lo que es más importante, ese pernicioso efecto carecería de justificación», dice la Sala.
Para los jueces, la decisión de abrir juicio «no exige una toma de contacto con las diligencias practicadas durante la fase de investigación» y «no requiere un análisis del peso de los indicios sobre los que se ha construido el auto de procesamiento».
Los magistrados rechazan, como así pretendían las defensas, pronunciarse sobre «la suficiencia o insuficiencia de la violencia ejercida para concluir la existencia de un delito de rebelión», un empeño «tan legítimo» como «inasumible en el plano técnico», porque eso debe decidirse en el acto del juicio oral.
Así, recuerda que «el debate actual no es un debate sobre la culpabilidad de los investigados, sino sobre la relevancia típica de los hechos que han motivado el procesamiento».
«Con la apertura del juicio no se prejuzga ni la calificación jurídica de los hechos procesales, ni la responsabilidad de los presuntos culpables de los mismos, sino la necesidad de esclarecerlos», añaden los magistrados.
Estos rechazan también la alegada indefensión originada por los problemas de acceso de los abogados a la nube virtual habilitada por el Supremo para el tratamiento digitalizado de la causa, ya que «carece de sentido que la puesta a disposición de las partes de un instrumento añadido para el más fácil manejo de la causa sea presentado como una fuente de indefensión».
Fuentes jurídicas señalan que el juicio comenzará previsiblemente en enero, si bien todo dependerá de los artículos de previo pronunciamiento (equivalentes a las cuestiones previas) que las defensas planteen antes de que arranque el juicio y que se expondrán en una vista.
Entre otras cosas, las defensas cuestionarán en esa vista, que se prevé antes de Navidad, la competencia del Supremo para enjuiciar los hechos, la cual, como han defendido los abogados en otros procedimientos, deberían recaer en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. NAVARRA INFORMACIÓN/EFE
Cada uno puede pensar lo que quiera, pero la cuestión aquí es si hubo delitos o no. La rebelión o la desobediencia no admiten matices,
no puede uno rebelarse «un poquito», o desobedecer «a medias». O se hace, o no se hace.
Lo mismo ocurre con la declaración de independencia. No se puede hacer «para un ratito», o en forma de simulación. O se hizo, o no se hizo, no hay término medio.
Si en Cataluña se pasó la línea roja, hay delitos. Y creo que nadie discute que esa línea se pasó, varias veces, y que los avisaron, muchas veces. Y que ellos lo sabían, también.
Parece que el poder judicial resiste las presiones brutales del gobierno. Claro que si aceptamos a un presidente que mintió a todo el mundo incluyendo a sus votantes, cuando dijo «no pactare con el populismo y podemos es populismo, no pactare con los independentistas y menos para una moción de censura», pues entonces nos merecemos lo que tenemos.