La consejera de educación del Gobierno de Navarra, María Solana, durante una entrevista con Efe. EFE/Villar López
El departamento de Educación del Ejecutivo foral ha defendido hoy «la imparcialidad y objetividad» de los tribunales encargados de la última OPE de Secundaria y FP y criticado las acusaciones sobre «irregularidades».
Según el director de Recursos Humanos, Francisco Javier Iglesias, que ha comparecido en el Parlamento a petición de EH Bildu, el proceso de oposiciones incluyó 325 plazas, de las que 76 quedaron vacantes y se incluirán en las próximas oposiciones de Secundaria y FP de 2020.
Además, de las 23 especialidades e idiomas que se convocaron, once de ellas quedaron sin cubrir, algo que ha achacado a que no se hubieran convocado oposiciones de Secundaria y FP desde hace ocho años, entre otras posibles causas.
En cualquier caso, ha afirmado que «el departamento no puede ni debe cuestionar las calificaciones otorgadas por los tribunales», que, ha subrayado, «actúan con plena autonomía».
Iglesias se ha referido a algunas novedades de esta última convocatoria como, por ejemplo, que el tribunal coordinador elaboró y publicó, antes de las pruebas, unos criterios de evaluación que sirvieron como «marco común» a todos los tribunales.
Además, ha dicho, se garantizó que todas las personas se pudiesen presentar a todas las especialidades e idiomas en los que se hubiesen inscrito, una circunstancia marcada por la ley foral 17/2017.
Por otra parte ha comentado que en las últimas semanas se está realizando la revisión de exámenes y expedientes de las más de 200 personas que lo han solicitado y al respecto ha manifestado que «la sensación» transmitida por las personas afectadas es «buena».
En este sentido Iglesias ha incidido en que lo que «más ha perjudicado» a los opositores ha sido «todo el ruido que se ha generado de forma intencionada en torno al procedimiento».
Y ha precisado que ese ruido fue «primero con el claro objetivo de paralizar la convocatoria» y después, una vez que se vio que el procedimiento seguía adelante, para «verter acusaciones de irregularidades y arbitrariedades».
Sin embargo, ha sostenido que Educación valora como «buena» la pasada convocatoria aunque «se pueden mejorar cosas».
Por su parte, la consejera de Educación del Ejecutivo foral, María Solana, ha apostado por «mantener la distancia que separa a los tribunales de una oposición de la administración educativa».
Escuchadas las explicaciones del Gobierno, el regionalista Alberto Catalán ha lamentado que Educación no haga «absolutamente nada de autocrítica» y que la coordinación en el proceso haya «brillado por su ausencia».
El socialista Carlos Gimeno ha denunciado que muchas personas «no se han presentado» por las características de la OPE, en la que ha habido «corta y pega» de convocatorias anteriores.
Esther Korres, de EH Bildu, ha señalado que el procedimiento se llevó a cabo «de manera adecuada», si bien ha admitido que el mismo generó «malestar» en aquellos que no obtuvieron una plaza y que vieron que quedaban vacantes.
Por parte de Geroa Bai, Isabel Aramburu ha considerado «un éxito» la convocatoria, ya que desde 2010 no se había convocado una oposición de Secundaria, y ha incidido en que no se ha producido «ninguna irregularidad» en todo el proceso.
Tere Sáez, de Podemos-Orain Bai, ha indicado que «no hay duda de la profesionalidad» de las personas que conforman los tribunales, si bien ha lamentado que se ha producido «un poco de tardanza» en el proceso. EFE
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