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El soberanismo presiona a Sánchez un año después de los primeros encarcelamientos

El mundo soberanista ha incrementado en las últimas semanas su presión al Gobierno de Pedro Sánchez para que mueva ficha para resolver la situación de los “presos políticos y exiliados”, un año después de los primeros encarcelamientos, de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, por el proceso soberanista.

El 16 de octubre de 2017, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela envió a prisión por sedición a Sànchez -entonces líder de la ANC- y Cuixart -aún hoy presidente de Òmnium Cultural- por promover la manifestación del 20 de septiembre del año pasado ante la sede de la Conselleria de Economía, en Barcelona, en pleno registro de la Guardia Civil para desactivar los preparativos del referéndum unilateral del 1-O.

Los Jordis, enviados en ese momento a la cárcel de Soto del Real (Madrid), fueron los dos primeros líderes soberanistas encarcelados a raíz del 1-O y ahora, un año después, siguen en prisión preventiva en Lledoners (Barcelona), a la espera del juicio.

Tanto Sànchez (Barcelona, 1964) como Cuixart (Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona, 1975) habían desempeñado un papel protagonista como miembros del núcleo duro que pilotó los preparativos del 1-O, si bien el independentismo sigue denunciando la “injusticia” de su encarcelamiento, debido a una movilización “pacífica” y que, a su juicio, no justifica las acusaciones de sedición y rebelión.

El independentismo ha situado como una de sus prioridades políticas la puesta en libertad de los Jordis y del resto de dirigentes soberanistas que permanecen en prisión preventiva.

De hecho, a pesar de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, aseguró que la situación de los presos no era negociable ya que ellos mismos pedían no ser “moneda de cambio” en ninguna conversación con el Gobierno del Estado, el PDeCAT y ERC quieren colocarlos ahora en el centro del debate presupuestario.

Después de que el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos hayan anunciado esta semana un acuerdo sobre los presupuestos generales del Estado para 2019, tanto el PDeCAT como ERC han advertido de que no piensan apoyar las cuentas si no hay movimientos para solucionar la cuestión de “presos y exiliados” y para negociar un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

Según las fuerzas independentistas, el Gobierno tiene margen para que la Fiscalía y la Abogacía del Estado propicien cambios en las acusaciones que pesan sobre los procesados por el 1-O.

En cambio, desde las filas del PSC se reclama a los independentistas que eviten poner condiciones “imposibles” para su apoyo a los presupuestos estatales, ya que la situación de los presos está en manos del Poder Judicial y la autodeterminación queda fuera de los límites de lo que Sánchez está dispuesto a pactar.

La cuestión de los procesados ya afecta a la estabilidad del Govern: la semana pasada, los diputados de JxCat suspendidos por el Tribunal Supremo -Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull- se negaron a enviar a la Mesa del Parlament un escrito designando a un miembro de su grupo para que ejerza sus funciones y pueda votar por ellos, por lo que ahora las fuerzas independentistas disponen de cuatro votos menos y han perdido la mayoría.

Mientras Cuixart se mantuvo al margen de las candidaturas a las elecciones del 21 de diciembre y ha renovado su mandato como presidente de Òmnium, Sànchez dejó la Presidencia de la ANC y conserva el acta de diputado de JxCat en el Parlament, aunque está suspendido de sus funciones a la espera de la sentencia.

Al igual que Puigdemont, Turull y Rull, Sànchez no se considera suspendido y por eso no ha enviado el escrito requerido por la Mesa, como sí hicieron los dos diputados de ERC procesados, Oriol Junqueras y Raül Romeva, que han podido así delegar su voto.

Mientras tanto, desde las entidades del soberanismo civil se mantienen las movilizaciones y, justamente el pasado sábado, Quim Torra y varios consellers de su Govern participaron en la acción “Cims per la llibertat”, una ascensión simultánea a dieciocho picos de Cataluña y el sur de Francia en solidaridad con los “presos políticos, exiliados y represaliados” soberanistas.

Para mañana, en el primer aniversario del encarcelamiento de Sànchez y Cuixart, la ANC y Òmnium han convocado una concentración en la plaza Catalunya de Barcelona, bajo el lema “Un año de vergüenza, un año de dignidad”. EFE

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