Rull, Junqueras Puigdemont y Forcadell durante la declaración de la independencia. EFE
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El Código Penal sitúa las condenas por el golpe entre los 15 y los 25 años de cárcel
La Fiscalía del Tribunal Supremo mantendrá la acusación por el delito de rebelión hacia los líderes del proceso independentista catalán, pero muy posiblemente pedirá la pena mínima para los acusados que, en este caso, serían de 15 años de prisión.
Fuentes jurídicas citadas por la Cadena SER aseguran que el Ministerio Público se inclina por mantener la acusación de rebelión contra los líderes independentistas procesados.
Los cuatro fiscales del caso tiene previsto acusar de rebelión agravada (que también incluye el delito de malversación) al exvicepresidente encarcelado Oriol Junqueras que por su posición de líder podría enfrentarse a penas de entre 25 y 30 años de prisión. Y también a cinco exconsejeros: Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa, con penas de entre 15 y 25 años.
En el caso de Carme Forcadell y los Jordis, las penas podrían variar si finalmente se les considera jefes de la rebelión, mandos subalternos o simples partícipes.
Y el tercer grupo de acusados, el de Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santiago Vila, muy posiblemente no serán acusados de rebelión y sí de malversación, lo que supone entre 6 y 8 años de cárcel.
En el caso de los siete fugados, entre los que se encuentra Carles Puigdemont, se ha abierto una pieza independiente para que sean juzgados cuando estén a disposición de la justicia española.
Los que sí serán acusados de desobediencia (no conlleva prisión) son los miembros de la Mesa que tramitaron las leyes de desconexión y la dirigente de la CUP Mireia Boya.
Ni Puigdemont ni los otros seis huidos serán citados nominalmente en el escrito de la Fiscalía al estar declarados en rebeldía.
Así como en el caso de la actuación del Parlamento de Cataluña no ha resultado complicado el acopio de prueba (la desobediencia en el Parlament está acreditada con las propias resoluciones contrarias al TC), no ha sucedido lo mismo con la malversación, que ha exigido un ingente trabajo de revisión de todo el gasto de la Generalidad para destapar la utilización de fondos públicos para la logística del referéndum ilegal.
Este escrito de acusación está pendiente únicamente del visto bueno por parte de la Fiscal General y podría presentarse a finales de la semana que viene.
