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Consejo Escolar advierte de la “ineficacia” de sanciones en violencia escolar

El presidente del Consejo Escolar de Navarra, Aitor Etxarte, ha cuestionado hoy la continuidad del actual sistema de sanciones para corregir las transgresiones en las aulas, dada la ineficacia que reconocen tanto alumnos como profesores.

En una comparecencia en el Parlamento foral para explicar la última memoria de Consejo Escolar de Navarra, aprobada el pasado mes de junio, Etxarte ha trasladado la situación de convivencia en los centros escolares navarros y los problemas derivados para los docentes, tras detectarse el aumento de agresiones hacia estos.

Sin trasladar cifras, aunque en el contexto de la comparecencia se ha señalado que en el curso 2017-18 se han denunciado 178 agresiones a docentes -el doble que el curso anterior-, ha constatado que “el fenómeno de la agresividad no es específico del ámbito educativo y es un problema multifactorial”, por lo que “no es posible repuesta única”.

También ha reconocido que la profesión docente tiene “muchas fuentes de tensión, y el alumnado es solo una de ellas”, que se une a las procedentes de la Administración, las familias y los propios centros.

Como “indicador negativo” ha reconocido la “evidencia” de la “escasa autoridad del profesorado y el insuficiente reconocimiento de su labor por parte del alumnado y sus familias”, de forma que “la autoridad moral no depende solo del colectivo” docente.

Todo ello se recoge en un estudio del Observatorio Estatal de Convivencia en Educación Secundaria Obligatoria que se cierra con tres conclusiones, la de que la convivencia escolar en general es “buena o muy buena en el sistema educativo”, que la violencia existente en el resto de la sociedad también se expresa en la escuela, y que hay que “incrementar y extender” a todos los agentes educativos las medidas puestas en marcha.

Este estudio asegura que en general la calidad de la relación entre profesorado y alumnado en general “se valora de manera muy elevada”, al igual que la existente entre los propios docentes, de forma que el 83 % del profesorado dice contar con ayuda de sus compañeros en situaciones de peligro, inseguridad o duda.

Sí que ha subrayado como “obstáculos para la convivencia” dos puntos concretos, “la falta de disciplina e implicación de las familias” y la “ineficacia de las sanciones empleadas para corregir las trasgresiones”, una “opinión mayoritaria entre docentes y alumnado” ante e que ha instado a “una reflexión, porque si es ineficaz no tiene sentido insistir” en ello.

También ha advertido sobre la relación del uso de las TIC con las agresiones verbales, y ha perfilado que entre los acosadores predominan los hombres y las mujeres entre las víctimas, y que entre el alumnado que participa en agresiones destaca que “siempre” son alumnos procedentes de “diversidad, complejidad, fracaso escolar y desestructuración familiar”.

En el turno de los grupos, por el proponente, Javier García (PPN) ha constatado que las explicaciones de Etxarte confirman el aumento de las agresiones a docentes en las aulas, que se han llegado a cifrar en 178 en el último curso en Navarra, y ante los que ha planteado una posible ley.

Alberto Catalán (UPN) ha defendido la participación “de toda la comunidad educativa” en cualquier abordaje del problema, en el que ha acusado a la Administración foral de estar “obviando a las familias”.

Más crítica ha sido Isabel Aranburu (Geroa Bai), quien ha cuestionado la petición de comparecencia porque el informe en el que se basa “no recoge datos concretos sobre el sistema educativo navarro”, ha dicho tras negar además por “inexistente” una relación directa entre el aumento de bajas médicas de profesores con un supuesto aumento de agresiones.

Por EH Bildu, Miren Aranoa, pese a advertir de que “no se puede subestimar” ningún caso de agresión, ha considerado “inaceptable” que se intente “magnificar este tema tan sensible, preocupante y doloroso de manera irresponsable”, cuando ha quedado acreditado que “en general la convivencia en las aulas en Navarra es buena”.

Tere Saez (Podemos) ha apoyado la realización de “un buen diagnóstico previo” a cualquier medida, incluso la promulgación de una nueva ley, que su grupo apoyaría de ser necesario pero no lo haría así con una posible judicialización del problema.

El portavoz del PSN, Carlos Gimeno, muy claro en su rechazo a una posible ley que regule el problema, ha advertido de que las bajas de profesores también se dan “por abusos de autoridad y por tratos vejatorios”, y ha apostado por la “incorporación decidida” de las familias a la solución del problema.

Marisa de Simón (IE) ha apuntado a la “insatisfacción” del alumnado, de las familias y de la sociedad, como causa de la agresividad, y ha lamentado el “desprestigio social” a veces “intencionado” de este colectivo, al tiempo que ha reconocido que “la escasa autoridad del profesorado no se arregla con una ley que otorgue al profesor la condición de autoridad pública”. EFE

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