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El cierre de grifo a la prensa tras la filtración de la víctima de la Manada

Como máximos responsables en la protección de datos en las sentencias, la filtración de información personal de la víctima de la Manada puso el foco en la actuación de los secretarios judiciales, que han decidido “cortar el grifo” a los gabinetes de prensa hasta que el CGPJ se pronuncie al respecto.

No son todos pero cada vez son más los letrados de la administración de Justicia (nueva denominación de los secretarios) que se niegan directamente a facilitar las resoluciones a los gabinetes de los tribunales y, en consecuencia, a la opinión pública, o dan largas para no colaborar con estos periodistas, con quienes nunca antes habían tenido problemas.

Cuenta a Efe el máximo responsable de los letrados, Rafael Lara, que más allá de querer o no colaborar, el problema reside en quién y cómo se debe garantizar la intimidad de las víctimas, es decir, anonimizar sus datos de manera que no aparezcan en la resolución.

La ley les hace los últimos responsables en la protección de los datos de la sentencia cuando, dice Lara, no tienen aplicaciones ni medios para poder ejercer dicha responsabilidad en condiciones.

Pero desde el Ministerio de Justicia, de quien dependen, no piensan igual y consideran que los letrados no tienen porqué cargar con la responsabilidad de anonimizar las resoluciones, si bien -como han explicado a Efe- ya se está trabajando en el diseño de una herramienta tecnológica que permita borrar todos esos datos.

Hasta su implantación, que puede llevar meses, el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, que preside Lara, mantiene viva su recomendación de que ningún compañero facilite resoluciones hasta no resolver “las graves deficiencias” en protección de datos.

“Queremos transmitir las resoluciones de interés a la ciudadanía, pero que me digan qué, cómo y por qué, y que me den los medios”, precisa Lara, que asegura que solo “ejercen su responsabilidad”.

Lara recuerda el informe de una vocal del CGPJ -que luego el órgano retiró- en el que se responsabilizó a la secretaria judicial de Navarra que tramitó la divulgación de la sentencia del “funcionamiento irregular en materia de protección de datos”.

Esto puso en alerta a sus compañeros, que le brindaron “toda la fuerza del Colegio”, y sembró la cautela entre algunos letrados que decidieron dar la espalda a la prensa hasta que el CGPJ mueva ficha.

Aunque en realidad los datos de la víctima estaban borrados de la sentencia, la publicación de un código de seguridad permitió acceder al documento original, con su nombre, apellidos y dirección, que después circularon por las redes sociales y algunos medios digitales, junto con fotos e incluso capturas del vídeo grabado durante los hechos en los Sanfermines de 2016.

Una filtración desafortunada que sus abogados llevaron a los tribunales y que varios meses después el CGPJ continúa estudiando.

A día de hoy, el asunto se encuentra estancado en el órgano de gobierno de los jueces, a la espera de que la Consejería de Justicia y la Audiencia Provincial de Navarra remitan la información que les solicitó hace meses, según fuentes del CGPJ.

Y si bien los gabinetes no han presentado hasta la fecha ninguna queja formal ante este órgano, algunas fuentes coinciden en asegurar que la problemática se está enconando progresivamente, lo que lleva a los jefes de prensa a “pelearse para conseguir un papel”.

Madrid es la peor parada. En la comunidad con la mayor tasa de litigiosidad de España “hay mucho malestar” entre los letrados.

“La colaboración es ínfima”, afirman fuentes consultadas por Efe, que apelan a una sentencia del Supremo que instaba a los tribunales a notificar resoluciones siempre que lo pidieran los gabinetes que, precisan las fuentes, son parte interesada. La situación es similar en Andalucía, Navarra o Cantabria.

Otras, como Cataluña, al ver “un clima de cierta preocupación” en el sector, consiguieron frenar el huracán a tiempo y restablecieron la relación de confianza entre el gabinete de comunicación y los letrados e, incluso, a los más reticentes se les permite revisar los documentos antes de ser enviados a los medios, según fuentes del alto tribunal catalán.

Pero aunque esta comunidad es un ejemplo de que las aguas están volviendo a su cauce, “en las plazas fuertes se sigue notando”, según una de las fuentes consultadas, que confían en restablecer una confianza que, asegura, tardó mucho en germinar.

Así las cosas, todas las miradas para solucionar un conflicto enquistado están en el CGPJ que debe abordar el expediente de Navarra al tiempo que redacta un nuevo protocolo de comunicación 3.0, dirigido a jueces pero que sirve de referencia a todos los operadores, incluidos los letrados, que dependen del Ministerio, donde aseguran ir de la mano con el Consejo en este asunto. EFE

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