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Irache anuncia las primeras 15 demandas contra el Banco Popular

La asociación de consumidores Irache ha anunciado que en los próximos días presentará las primeras quince demandas de afectados por la quiebra del Banco Popular en las que solicitará cantidades que van desde los 2.000 hasta más de 80.000 euros.

El 7 de junio de 2017 el Banco Popular fue vendido al Banco Santander por un euro y como consecuencia de la operación los accionistas y los titulares de deuda subordinada de la entidad perdieron el valor sus inversiones.

Hasta el momento más de 150 las personas han acudido a Irache por este tema y, aunque hay que estudia cada caso, Irache considera que quienes compraron las acciones con motivo de la ampliación de 2016 pueden presentar demandas civiles para reclamar su dinero, incluidos quienes lo hicieron antes del 3 de abril de 2017, cuando el Banco Popular admitió que había errores en la información dada sobre su situación financiera.

En este grupo, dice en un comunicado, se encuentran las primeras demandas que va a presentar Irache en los juzgados, con afectados que adquirieron acciones por valor de entre 2.000 y más de 80.000 euros.

Irache recuerda que este año se han dictado numerosas sentencias en primera instancia (Barcelona, Fuengirola, Vigo, Gavà) que están dando la razón a los consumidores, lo que supone la devolución de toda la inversión realizada en la compra de acciones, más los intereses correspondientes.

Los jueces están basando sus decisiones en que la información facilitada por la entidad, fundamentalmente en el folleto informativo de la emisión, no era veraz y no reflejaba la situación real del banco.

Esto hizo que los consumidores contratasen viciados por error, es decir, contando con unas condiciones de las cuentas bancarias y una solvencia de la entidad que no eran verdaderas, por lo que se están anulando esas compras de acciones.

Para el resto de casos, quienes compraron al margen de la ampliación del año 2016, Irache ha adoptado también medidas para defender sus intereses, entre ellas dos recursos administrativos en la Audiencia Nacional y Tribunal General de la Unión Europea.

Estos recursos se presentaron en agosto del 2017 para cumplir con el plazo que marca la ley para este tipo de acciones y ahora se está a la espera de la resolución europea porque en España se ha suspendido su tramitación hasta conocer la decisión del Tribunal General de la UE.

Una vez que se conozca el pronunciamiento del tribunal, Irache dice que estudiará las posibles vías para defender los derechos de los clientes afectados que no han podido acogerse a la vía civil. EFE

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