La Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN) considera que la renta garantizada es «el gran obstáculo» que existe en la Comunidad Foral para encontrar mano de obra para las campañas agrarias
Así lo han denunciado hoy el presidente y el vicepresidente de la organización agraria, Félix Bariáin y Luis Miguel Serrano, según informa UAGN en un comunicado.
«A día de hoy, hay ofertas de trabajo que no se pueden cubrir por falta de trabajadores, hay productos que corren el peligro de quedarse en el campo por falta de recolectores y hay agricultores y empresarios que se van a inclinar por cultivos donde no exista tanta mano de obra debido a esas dificultades que acabo de comentar», ha señalado Bariáin.
Tras reconocer que este es «un trabajo a la intemperie, y en ocasiones difícil, que es un empleo estacional, y en ocasiones de pocas jornadas», ha sostenido que «está claro que el cobro de la renta garantizada está suponiendo un freno a la hora de encontrar esos trabajadores».
Al respecto ha opinado que la renta garantizada es «un absoluto fracaso de este gobierno» y así, ha agregado, lo vienen denunciando reiteradamente.
Esta cuestión, según ha explicado, ha sido tratada en varias reuniones con el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra y con su departamento, pero a día de hoy la situación de los agricultores es «desesperante».
Bariáin ha querido dejar claro que exigen y desean que «todo el mundo que de verdad necesite ayuda la tenga» y ha precisado que «sería una frivolidad generalizar», pero, ha remarcado que lo que no pueden tolerar es «el fraude en el cobro de esas ayudas».
Según ha relatado, esta situación comenzó con el actual Gobierno de Navarra, ya que hasta entonces «existía el plan de empleo agrario y gracias a él se eliminaron las mafias del campo navarro, se permitió hacer más de 60.000 empresarios agrícolas y trabajadores de sus obligaciones y derechos, cumpliendo toda la legislación vigente en materia de prevención de riesgos».
Respecto a ese convenio, ha comentado que Laparra les reconoció que «se eliminaba por cuestiones políticas», cuando, ha subrayado, «era un rotundo éxito» y a partir de ahí «un departamento a la deriva, nulo de iniciativas», a pesar de sus ofrecimientos, ha agregado, «no ha sido capaz de plasmar ni una sola propuesta atractiva para el sector».
Esto hace que actualmente un sector que crea empleo y demanda trabajadores «no los encuentra precisamente por esas políticas subsidiarias que ha implantado el gobierno».
Según los datos que ha aportado, «la renta garantizada mínima es de 610 euros por persona en una unidad familiar, si se van añadiendo miembros va subiendo la cuantía, por ejemplo, con dos familiares a cargo ya nos vamos a 977 y el tope son 1220 euros, a esto hay que sumar ayudas al alquiler, a escolarización o a comida».
A eso ha añadido que «están exentos de tributar», por lo que se encuentran «en la situación que es muy difícil que pongan en riesgo estas cantidades máxime cuando el trabajo que se les ofrece suele ser puntual».
Aunque ha reconocido que se compatibiliza la percepción de la renta garantizada con el sueldo y se cobra sobre esas ayudas, el índice de rechazo a esos puestos «es alto», ha asegurado, tras lo que se ha interesado por los controles y seguimientos que se hacen.
Igualmente ha planteado cómo se explica que de un presupuesto de tres millones solo se haya ejecutado un 10 % o cómo es posible que bajando el índice de paro, siga manteniéndose e incluso aumentando el número de perceptores de renta garantiza o cómo puede ser que un jubilado del sector agrario con cónyuge cobre 800 euros y una persona que cobra la renta garantizada lo mismo sin cotizar. EFE
