El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado hoy una reforma de la ley foral del Plan de Inversiones Locales (PIL) para el periodo 2017-2019 con el fin de favorecer el procedimiento a la vista de los problemas detectadas.
Se trata, ha dicho la consejera Isabel Elizalde, de «corregir las incidencias detectadas para poder ejecutar un plan dotado con cien millones de euros que pretende favorecer el equilibro territorial y mejorar así la calidad de vida de los navarros.
Tras explicar el proceso que deben seguir las entidades locales para ser incluir en el plan de inversiones locales, la consejera ha comentado que la reforma supondrá que los compromisos económicos se imputaran a ejercicios diferentes según la previsión de la ejecución de las obras.
Además aumentan las ayudas, hay un nuevo procedimiento de emergencia, se modifica el régimen de excepción y hay un nuevo sistema se sanciones por no iniciar las obras en plazo para evitar la exclusión.
«Se trata de agilizar los obstáculos detectados», de «complicarla vida lo menos posible a los ayuntamientos», ha dicho el portavoz de Geroa Bai, Unai Hualde, quien ha recordado que su grupo ya en junio apoyó un primer proyecto de ley de reforma del plan pero fue retirado por las enmienda de corte económico presentadas por la oposición.
Los objetivos son «ayudar, flexibilizar y optimizar», ha añadido, y criticado la actitud de UPN, PSN y PP en esta materia.
Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha reiterado que el objetivo fundamental es agilizar la tramitación para que la mayor cifra de dinero consigna a cada ayuntamiento pueda ser ejecutada.
«Se han visto problemas burocráticos y administrativos que lo han impedido y ello aconseja la revisión de los procedimientos», ha subrayado, y pedido a UPN que reflexione sobre las razones del remanente de tesorería que tiene este plan y que «engordaba año a año» con los gobiernos regionalistas.
Por Podemos, Ruben Velasco, ha considerado igualmente «fundamental agilizar trámites» y «que se ejecute lo que realmente se asigna en cada ejercicio», pero «esto es una cadena y si algo falla, falla todo lo demás».
Por eso ha abogado por «simplificar» los expedientes pero «manteniendo toda la rigurosidad» que debe tener un proceso administrativo para «evitar una mala praxis con dinero publico».
Concepción Ruiz, del PSN, se ha mostrado a favor de los objetivos pretendidos por el proyecto de ley por lo que supone de mejora para los municipios navarros a la hora de gestionar sus inversiones, pero también ha apoyado un aumento del fondo como pide UPN en sus enmiendas con cargo al citado remanente.
También I-E ha apoya la reforma, ha dicho José Miguel Nuin, quien ha asegurado que con UPN la situación era de «inejecución» y ahora es «de normalidad», aunque el proyecto busca «maximizarla».
«En contra» de la propuesta del Gobierno pero «por el bien de las entidades locales», la regionalista Carmen Segura ha anunciado la abstención de UPN, que ha denunciado que el plan «no se atienden las necesidades» por falta de fondos.
«Este PIL es escaso en fondos» y además «engañoso», «generando expectativas que no se van a cumplir», ha aseverado, y denunciado que se diga que se dotará de más dinero a estas obras a través del Plan en el de Inversiones Financieramente Sostenibles cuando éste todavía no tiene la autorización del Gobierno central.
El PIL es «un timo para las administraciones locales», ha señalado el popular Javier García, quien ha agregado que además «equilibrio nunca ha tenido», es «falso un reparto equitativo» de las inversiones y «carece de agilidad», y «por eso traen esta reforma que no mejora» la dotación y que posibilita subir la contribución y ante la que su partido se ha abstenido.
Por otra parte el pleno del Parlamento de Navarra ha aplazado a petición del cuatripartito el debate del proyecto de ley remitido por el Gobierno para modificar la ley del taxi de 2005 y posibilitar que los ayuntamientos integrados en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona puedan solicitar su incorporación al área territorial de prestación conjunta del servicio de taxi.
La creación de este área ha supuesto, en opinión del Gobierno, una mejora del servicio en la comarca y de ahí el interés suscitado en diferentes consistorios que, sin embargo, de momento no pueden incorporarse a ella por la regulación vigente. EFE
