Harry Gross nació en Nueva York, en el seno de una humilde familia de inmigrantes rusos. En 1940, con 24 años, empezó un negocio de apuestas ilegales que poco a poco comenzó a crecer. A principio de 1941, un policía lo abordó por la calle: «Tú, eres un maricón por saltarte las reglas. ¿Qué haces operando sin permiso?». Gross le dio al policía un billete de 50$ y le preguntó qué había que hacer para «sacarse el permiso». Una semana después, el policía volvió con la respuesta: «Te podemos ofrecer protección, pero me preguntan en la división si estás dispuesto a ir hasta el final». Gross no se lo pensó dos veces: «Por supuesto que sí».
Durante la siguiente década, Harry Gross estuvo operando sus negocios ilegales en la ciudad de los rascacielos en la más absoluta impunidad, gracias a las mordidas que generosamente repartía. Las investigaciones judiciales posteriores demostraron que llegó a repartir en comisiones para la policía, en un solo año, lo que al cambio de hoy serían unos 13 millones de dólares.
Una escena chusca retrata hasta qué punto los negocios de Gross se habían convertido en una necesidad para la policía neoyorquina: muy al principio de su carrera criminal, Gross se sumió en la bancarrota apostando en partidos de baloncesto y huyó a California. Allí fueron a buscarle dos policías de Nueva York, que le prestaron los 50.000$ que necesitaba para saldar sus deudas inmediatas y le llevaron de vuelta, para que continuara con sus negocios. Sin ellos, el flujo de las comisiones hacia la policía se paraba.
Cuando cayó la red criminal de Harry Gross en 1950, 22 policías fueron condenados y otros 240 policías y funcionarios de Nueva York dimitieron o fueron despedidos. Entre los que se vieron forzados a dimitir estaba el propio alcalde de la ciudad, William O’Dwyer.
La lección que cabe destacar del caso de Harry Gross es que cuando alguien ejecuta una prolongada operación delictiva en la más absoluta impunidad, la explicación más obvia es que quien tendría que poner fin a esas actividades criminales está sacando provecho de las mismas.
Viene esto a cuento, por supuesto, de la red de extorsión que al parecer ha estado operando en este país durante décadas, y en la que juega un papel destacado el comisario Villarejo. Si esa red ha podido operar con total impunidad es porque quien tenía que desmantelarla (es decir, el poder político del que esos mandos policiales dependían) sacaba provecho de la misma, de una u otra manera.
¿Nos estamos refiriendo a dinero? No necesariamente. Si fuera solo dinero, el problema no sería tan grave para nuestra democracia. En realidad, no tenemos que irnos a los años cincuenta del siglo pasado para buscar unos antecedentes mejores al tema de Villarejo. ¿Se acuerdan Vds. de Cambridge Analytica?
Cambridge Analytica era una empresa inglesa que asesoraba en campañas electorales y que se vio obligada a cerrar este año , después de demostrarse que recopiló ilegalmente los datos personales de 87 millones de usuarios de Facebook, aprovechando una brecha de seguridad en el sistema.
Pero no era la única práctica ilegal de esa empresa. Reporteros camuflados de la cadena de televisión británica Channel 4 grabaron a directivos de Cambridge Analytica ofreciendo servicios especiales para influir en las elecciones de Ceilán. Esos servicios especiales incluían sobornos y el uso de prostitutas ucranianas de alto nivel (¿les suena el tema?) para luego chantajear a políticos de la oposición.
Volvamos a la red en la que, según declaración propia, estaba encuadrado Villarejo. ¿Qué beneficio sacaban los responsables políticos que permitieron a Villarejo operar con impunidad durante tantos años? Si es cierto, como él mismo declaraba en la cinta que hemos conocido, que Villarejo montó, entre otras cosas, una empresa de señoritas de compañía para obtener información sobre políticos y empresarios y someterlos potencialmente a extorsión, ¿a quién llegó esa información?
Lo pregunto más claramente: ¿alguien en el PP o el PSOE, o ambos, recibió y utilizó la información recabada por Villarejo de manera ilegal?
Y no es esa la pregunta más inquietante: ¿a quiénes se ha sometido a chantaje estos años, dentro del mundo de la política y de la judicatura? ¿Qué decisiones políticas se han tomado en este país bajo la influencia del chantaje? ¿Qué sentencias o instrucciones judiciales se han visto adulteradas gracias a la información recabada por la red de extorsión? Y algo que me interesa especialmente: ¿operó algún chantaje durante la instrucción del 11-M, para condicionarla?
Me llama mucho la atención que ni Ciudadanos, ni PP, ni Podemos, hayan salido inmediatamente a la palestra a preguntar lo evidente: ¿hasta dónde llega la mierda? ¿Hasta dónde alcanzaba la red de extorsión y para qué se ha venido utilizando en las últimas décadas?
¿Hasta qué punto y desde cuándo nuestra democracia ha sido manipulada por una red mafiosa? Porque esa es la pregunta fundamental, y no de dónde han salido las cintas.
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