Que toda una delegada del Gobierno ose proclamar que la región de la que es responsable es una nación y que aquellos que hoy están en prisión por delitos tan graves como el de rebeldía, tienen que estar libres y no estar en la cárcel, es como para pensar cómo se le ha podido elegir.
A una persona que desprecia el orden constitucional de su país, al hablar de una nación dentro de otra, no se le debería dar crédito de ningún tipo e irrevocablemente debería presentar su dimisión o ser cesado inmediatamente.
La imagen de fortaleza que debe darse ante el independentismo no llega a producirse con declaraciones de este tipo. La seriedad que debe tener un Gobierno, se rompe cuando un alto cargo “hace el caldo gordo” a quienes quieren socavar la unidad de España.
La firmeza requerida no existe y eso provoca el desarrollo impune de actitudes contrarias al ordenamiento jurídico. Atajarlas no debería ser complicado si existiera voluntad de hacerlo.
Pero he aquí un Gobierno débil solo preocupado en perdurar en el tiempo, y, por ello, en aceptar lo inaceptable, acepta todo lo que se le dice, sin preocuparse de, si con ello, su país se destroza.
Ver para creer.