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Rechazada moción PSN para una nueva ley de víctimas de violencia policial

NAVARRAINFORMACIÓN.ES

El Parlamento de Navarra ha rechazado hoy una moción de PSN para instar al Gobierno foral a elaborar una nueva ley sobre víctimas de violencia policial o de extrema derecha que respete los criterios del Tribunal Constitucional y no equipare unas violencias con otras

En la moción, los socialistas defienden que esa ley se elabore bajo los principios de “no justificar ni equiparar unas violencias con otras, y se dirija a fortalecer los principios éticos y democráticos de la sociedad”. En definitiva, que sea une ley para “fomentar la convivencia sin generar frentismos”.

La parlamentaria Inma Jurío ha recordado que “ahora mismo existe un vacío legal para poder trabajar en relación a esta materia”. “El Gobierno de Navarra debería elaborar una nueva ley que, teniendo en cuenta los parámetros de legalidad, permita avanzar en la convivencia pacífica”, dice.

Recuerda que existe una Dirección General de Paz y Convivencia, y que es en ese marco en el que debería elaborase esta ley de reconocimiento y reparación de estas víctimas.

Exposición de motivos, la moción impulsada por el PSN esgrimía argumentos de motivación ética para “completar el vacío legal” dejado por la anulación de gran parte de la Ley Foral 16/2015 de Reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, una norma que, “dentro del riguroso respeto a la legalidad”, es preciso centrar en la “normalización de la convivencia y la instauración de una memoria crítica e inclusiva”, de modo que no se deje al margen a ningún damnificado, tampoco a los paganos de “actuaciones erróneas que un Estado democrático debe de reconocer como manifestación de su engrandecimiento”.

A ese respecto, se apuntaba que el objetivo final “no es justificar o equiparar a unas víctimas con otras”, sino ofrecer atención a un colectivo que “a día de hoy no ha sido reconocido ni reparado” y al que, “huyendo de réditos políticos”, es imprescindible dotar de un instrumento normativo que refleje el “compromiso ético y democrático con el Estado de Derecho y los principios, derechos, libertades y garantías que lo fundamentan”.

Todo ello, según se subrayaba, “reconociendo a cada víctima en su causa de victimización” y haciendo lo posible por cimentar una “auténtica convivencia” que, sobre bases restaurativas, “garantice la no repetición de ese pasado reciente”.

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