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Cambiar los aforamientos en Navarra conllevaría modificar la LORAFNA

Cambiar los aforamientos en Navarra conllevaría modificar la LORAFNA

Una reforma de la normativa que regula los aforamientos en Navarra conllevaría un cambio del Amejoramiento ya que es en el artículo 14 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA) donde se regula esta materia.

En él se dice que los parlamentarios forales “no podrán ser retenidos ni detenidos durante el período de su mandato por los actos delictivos cometidos en el ámbito territorial de Navarra, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir en todo caso sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de Navarra”.

Fuera del ámbito territorial de la Comunidad Foral el Amejoramiento precisa que “la responsabilidad penal será exigible, en los mismos términos, ante la correspondiente Sala del Tribunal Supremo”.

La concreción de esta figura se recoge en el reglamento del Parlamento, cuyo capítulo II determina que “los parlamentarios forales gozarán, aun después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo”.

Y agrega que también “gozarán de inmunidad en los términos del artículo 14 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra”.

El Reglamento añade que el presidente del Parlamento deberá adoptar “de inmediato cuantas medidas estime convenientes en orden a salvaguardar los derechos y prerrogativas de la Cámara y de sus miembros”.

Y precisa que actuará así “una vez conocida la retención o detención de un parlamentario foral o cualquier otra actuación judicial o gubernativa que pudiera obstaculizar el ejercicio de su función parlamentaria”.

Junto a los parlamentarios forales están aforados también los miembros del Gobierno y los diputados y senadores navarros, aunque estos por legislación estatal, que también extiende este derecho a miembros de la Casa Real, jueces, fiscales y fuerzas de seguridad. En total unas 250.000 personas en España. EFE

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