Un grupo de okupas ha vuelto a entrar en el palacio del Marqués de Rozalejo. EFE/Jesús Diges
Los portavoces de las diferentes formaciones políticas. EFE/Villar López
La «okupación» del edificio del Palacio del Marqués de Rozalejo, propiedad del Gobierno de Navarra, ha vuelto a evidenciar hoy en el Parlamento foral el desencuentro de las diferentes formaciones políticas en torno a la gestión realizada por el Ejecutivo de Navarra
Así, incluso se ha rechazado una propuesta de declaración institucional presentada por Podemos-Orain Bai tras el anuncio de UPN de presentar una denuncia judicial contra la actuación al respecto de la consejera María Solana, que se ha votado por puntos separados pero que en ninguno de ellos ha logrado sumar una mayoría.
Han votado en contra de toda la propuesta UPN, PSN y PPN, mientras que Geroa Bai ha votado en contra de los puntos segundo y tercero y se ha abstenido en el primero; EH Bildu ha votado a favor de los puntos 1 y 2 y se ha abstenido en el tercero; e Izquierda-Ezkerra ha votado en contra del punto segundo y se ha abstenido en el primero y tercero.
La propuesta denunciaba en su primer punto de forma «contundente el uso interesado de la justicia y la judicialización de la política que representa esta última decisión de UPN»; mientras que en el segundo rechazaba «el desalojo del inmueble perpetuado sin haberse establecidos cauces de diálogo previos» con los colectivos okupas; y en el tercero se sumaba al apoyo de los vecinos a un espacio considerado «de gran interés general para toda la ciudad».
Frente a esta declaración rechazada, sí se han admitido a trámite, aunque para su debate en comisiones o pleno, una moción del PP para que el Parlamento repruebe y pida la dimisión de la Presidenta del Gobierno de Navarra por «permitir la ocupación ilegal» del Palacio.
También han pasado las peticiones de comparecencia para dar explicaciones al respecto de la presidenta, y de los Consejeros de Hacienda y Política Financiera; Relaciones Ciudadanas e Institucionales; Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia; y María Solana; si bien lo harán en comparecencias individuales ante sus comisiones respectivas y no agrupados como había sugerido Geroa Bai «para no estar todo un mes hablando de este tema».
Así lo ha señalado Koldo Martinez (Geroa Bai), quien ha avalado la gestión que de este asunto ha hecho el Ejecutivo al ordenar primero el desalojo «porque la okupación de un bien público es ilegal» y después la manera «ejemplar» en la que se llevó a cabo, pese a que al pedir la suspensión de la causa el juez decidiera archivarla.
«Geroa Bai sigue defendiendo el diálogo, la negociación y el acuerdo como solución a los problemas políticos», ha dicho el portavoz de Geroa Bai, quien ha cuestionado la actitud de los okupas, en quienes «no vemos» los «condicionantes que requiere el diálogo».
Por su parte, Adolfo Araiz (EH Bildu) ha rechazado que el Rozalejo sea «el punto central del debate político» pues, aunque es un asunto «muy importante, el cambio también lo es», ha dicho para rebajar extremismos y avanzar el intento de su formación de «reconducir el tema, que se abra un dialogo real y se desbloquee esto».
En ese desbloqueo ha aludido a la necesidad de «dar una solución» a la demanda de estos grupos de jóvenes de contar con espacios autogestionados, «y ahí el Ayuntamiento de Pamplona va a tener una posición importante», ha incidido coincidencia con la apelación que Geria Bai también ha hecho al consistorio.
Por I-E Marisa de Simón también ha visto la «responsabilidad clara del Gobierno y del Ayuntamiento de Pamplona» en este asunto, en el que les ha instado a «negociar con la parte implicada, a la que también apelo a negociar».
Con un tono muy diferente, la portavoz de PSN, María Chivite, ha sido muy dura en la crítica por la «vergonzosa gestión» que el Gobierno de Navarra ha realizado en este asunto, en el que a su juicio Uxue Barkos «se ha arrugado y ha tenido que envainar sus propias decisiones», por lo que ha respaldado que acuda al parlamento a dar explicaciones de lo sucedido.
El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha lamentado el de Rozalejo como uno de los «líos y obsesiones» del Gobierno, que evidencia la «división» entre los socios pero que a día de hoy es un edifico que «sigue dando sustento a aquellos que entraron dándole una patada a la puerta» y que pese a su desalojo, «finalmente se han salido con la suya».
La popular Ana Beltrán ha considerado esta gestión como un «escándalo monumental» que justifica su petición de dimisión de la presidenta y su reprobación por el Parlamento, tras estar «arrodillada ante Bildu y Podemos», así como la solicitud de que los parlamentarios visiten el «gaztetxe», «un edifico de todos los navarros y en el que tenemos la obligación de ver el primer persona qué está pasando ahí». EFE
