Monumento a Los Caídos donde están los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera y Francisco Franco.
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Decenas de miles de firmas avalan y se suman ya el «Manifiesto por la historia y la libertad» apoyado por 200 intelectuales contra la ‘Comisión de la Verdad’ de Sánchez para la exhumación de Franco
Firmas de apoyo que, recogidas por Chage.org, en este momento ya superan las 23.000.
Más de 200 políticos, historiadores e intelectuales de todo signo firmaron el pasado mes de marzo un manifiesto contra el sesgo de la Ley de Memoria Histórica y las modificaciones propuestas por el actual Ejecutivo para la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos y la creación de una ‘Comisión de la Verdad’. Iniciativa a la que se han sumado ya 4.000 firmas.
Doscientos políticos, historiadores y otros expertos, como el socialista Joaquín Leguina o el ex ministro Alberto Ruiz Gallardón, han firmado un manifiesto de la Fundación Nacional Francisco Franco contra la reforma de la ley de Memoria Histórica del PSOE y de la exhumación de Franco. El historiador Stanley Payne, los políticos Jaime Mayor Oreja, María San Gil, Ignacio Camuñas, Alejo Vidal Cuadras o Santiago Abascal, el bisnieto del dictador Luis Alfonso de Borbón o el militar Santiago Milans de Bosch lo han suscrito.
Otros firmante son el catedrático Francisco Sosa Wagner, el sociólogo Amando de Miguel, el exbanquero Mario Conde, el exembajador en el Vaticano Francisco Vázquez, los eurodiputados Javier Nart y Enrique Calvet o el miembro de la Real Academia de la Historia Serafín Fanjul.
«Manifiesto por la historia y la libertad» de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), apunta que «no se puede imponer por una ley un único relato de la historia», ya que ninguna normativa «debe o puede varias los hechos históricos».
A su juicio, el anuncio de una Comisión de la Verdad «amenaza con penas de cárcel, inhabilitación para la docencia y elevadas multas a quienes mantengan opiniones divergentes a la verdad única, la destrucción y quema de las obras o estudios declarados no gratos, y la expropiación, destrucción o transformación de una parte del patrimonio histórico-artístico de la etapa más reciente de España».
Según detalla el manifiesto, la propuesta del Gobierno de Sánchez ataca «directamente los fundamentos de la Constitución» y los «valores superiores que su ordenamiento jurídico consagra», por lo que si se aprobara , «chocaría frontalmente con la Constitución en su redacción y espíritu», denuncian.
«No se debe borrar por una ley la cultura, el sentimiento ni la memoria de un pueblo, y menos aún por razones ideológicas. Ninguna razón moral, ni derecho subyacente, puede primar sobre la analítica verdad de los hechos en las circunstancias del tiempo y lugar en que estos se produjeron», apunta el escrito.
«El proyecto vulnera el principio de la verdad documentada de la historia, como demuestra el mero hecho de que esa única versión quiera imponerse por la fuerza del Estado, al ser incapaz de sostenerse en un debate de investigación, serio, libre e independiente», continua el texto.
«Legislar sobre la historia o contra la historia es, simplemente, un signo de totalitarismo. Y es antidemocrático y liberticida», critican desde la Fundación Francisco Franco.
Para los firmantes, en España viene «perpetrándose un inadmisible y flagrante historicidio desde la aprobación de la mal llamada Ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007».
No obstante, advierten de que el PSOE pretende ahora «una vuelta de tuerca más» con la «intención de ilegalizar cualquier asociación o fundación que sostenga puntos de vista diversos y plurales sobre los hechos acaecidos».
Califican el cambio de la normativa como «una ley de tipo soviético que no debería ser propuesta por ningún partido».
«Resultaría dramático para la convivencia de los españoles que ochenta años después del final de la Guerra Civil y de haber transcurrido más de cuarenta tras la extinción del franquismo, se intente anular la libertad de pensamiento de los españoles», apostillan, a la vez que advierten de que se puede «reinstalar en la sociedad los mismos odios que condujeron a aquellos calamitosos acontecimientos».
Por todo ello, consideran que la ley «debe ser rechazada con firmeza por toda la sociedad, pues España no puede permitirse una involución hacia regímenes del tipo implícito en la misma».
«La experiencia histórica no debe pasar en balde, y de ella debemos aprender», apuntan.
«Ningún parlamento democrático ni puede ni debe legislar sobre la Historia, pues de hacerlo, criminalizaría la Historia, estableciendo una checa de pensamiento único, al imponerse por la fuerza y la violencia del Estado», concluyen.
