Fachada principal de la Catedral de la Almudena de Madrid. EFE/Archivo
Los obispos españoles han mostrado hoy su conformidad con que el Gobierno publique el listado de bienes registrados por la Iglesia católica «siempre que se haga conforme a la legislación vigente y que opere el principio de no discriminación» y han matizado que ellos no disponen de esos datos.
«La Conferencia Episcopal no dispone de un registro de bienes inmuebles de la Iglesia», ha asegurado en declaraciones a Efe el responsable de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Giménez Barriocanal.
Los obispos españoles se han pronunciado así tras conocerse hoy la voluntad del Ejecutivo de publicar, conforme a la ley, los bienes inscritos en el Registro de la Propiedad por la Iglesia Católica, una vez concluya el listado que está elaborando.
Barriocanal ha recordado que en España hay unas 40.000 entidades civiles reconocidas como Iglesia católica «que tienen la autonomía que le reconocen las normas civiles y canónicas, incluida su capacidad de inmatriculación de inmuebles».
Además, ha añadido que 23.000 parroquias y varios miles de ermitas y otros lugares de culto no pudieron ser inscritos en el registro hasta finales de los años 90. «En muchos casos se trata de centros de culto edificados hace muchos siglos», ha asegurado.
Y ha considerado que el proceso de inmatriculación por certificación -procedimiento por el que las administraciones públicas territoriales y la Iglesia católica pueden inmatricular sus fincas y acceder a la condición de titular registral- «no es, en ningún caso, un mecanismo de adquisición de la propiedad de un bien».
«El acto de registrar no concede la propiedad; simplemente, la registra», ha matizado Barriocanal, tras lo que ha explicado que «los bienes se adquieren a través de los sistemas que prevé la legislación con carácter general».
Por tanto, a través de los mecanismos de inmatriculación por certificación previstos en la ley, que, según ha dicho, dejaron de ser operativos en 2015, «lo único que se procuró era dejar constancia de una realidad, que es anterior al propio acto de registrarla».
«En cualquier caso, la propia legislación prevé mecanismos para corregir los errores de dicho proceso», dado que, ha insistido, «la inmatriculación no es un mecanismo de adquisición de la propiedad».
Barriocanal ha opinado que los más de 3.000 bienes inmuebles de interés cultural que administran las instituciones de la Iglesia en España «aportan una riqueza, cultural, educativa, religiosa y, por supuesto, económica muy relevante».
Y para demostrarlo ha hecho referencia al estudio publicado por la consultora PWC, según el cual «la puesta a disposición de la sociedad de dichos bienes aporta a la economía española unos 22.000 millones de euros al año, el equivalente al 2 % del PIB», ha concluido Barriocanal. EFE
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