La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana. EFE/Jesús Diges
La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha destacado el papel de mediador del Ejecutivo en el conflicto del Palacio de Marqués de Rozalejo, desalojado hoy por la Policía Foral, ante los «oídos sordos» desde «hace un año» del Ayuntamiento de Pamplona, el «competente» en este asunto.
Solana ha defendido la actuación judicial del Gobierno «con el fin de defender el interés de algo que pertenece a todos los navarros», en referencia al Palacio de Maruqés de Rozalejo, de propiedad foral, si bien ha distinguido entre la propiedad y la actividad en el edificio, competencia del Consistorio, ha dicho.
Ha destacado que las demandas del colectivo de okupas «no ha sido nunca competencia del Gobierno de Navarra» y que tanto el Ayuntamiento, como EH Bildu, Izquierda-Ezkerra y Podemos «lo saben».
«La competencia es del Ayuntamiento y desde hace un año se han hecho oídos sordos desde el Ayuntamiento», ha insistido Solana, quien ha recordado que durante la legislatura se ha asistido a casos como el del Palacio de Mendillorri o al desalojo de un edificio privado en el Paseo de Sarasate.
Solana ha rememorado que en este caso hubo heridos, a diferencia de en el desalojo de este viernes en el denominado gaztetxe Maravillas.
«Ha sido un desalojo sin heridos ni detenidos», ha dicho la portavoz, quien sobre los heridos en las cargas policiales ha comentado que, aunque «no es el escenario deseado», todo «el que participa en una situación de estas asume las consecuencias» y es «precisamente» lo que el Gobierno pretendía «evitar».
Ha hecho un «llamamiento» a evitar «desordenes públicos», así como «a la honradez política», y ha defendido la intermediación del Gobierno de Navarra en el asunto «con llamadas múltiples al diálogo».
Ha indicado que el Ejecutivo tuvo que recurrir a las «herramientas» que el ordenamiento pone en sus manos «para defender el bien público» y ha destacado que al Gobierno le «duele enormemente» y «en ningún caso» puede aceptar que «el alcalde, el primer responsable de sentarse a hablar, pretenda escudarse en la medición cuando es el interlocutor».
«No queremos olvidar y queremos tener presente quién nos retrotrae a otras formas de hacer las cosas, y nos da pena», ha añadido.
Solana, que ha reconocido que el Gobierno no informó al alcalde del desalojo, ha explicado que la orden judicial se traslada a la Policía Foral, quien avisa al Ejecutivo «en minutos previos» que «se va a proceder» a la actuación en el gaztetxe.
Al ser preguntanda por si el Gobierno ha hecho todo lo que podía en este asunto, Solana ha dicho que «ha habido quién no ha hecho nada durante mucho tiempo y quién no ha hecho nada», mientras que ella, con su teléfono personal, dialogó con el colectivo okupa hasta el pasado martes.
La portavoz, que ha «lamentado» que este colectivo reconociera que prioriza su proyecto político a dialogar, ha señalado la intención del Gobierno de Navarra de ubicar en el Palacio de Marqués de Rozalejo el Instituto de la Memoria Histórica.
Ha asegurado que es un «proyecto que está avanzado» y se explicará a la ciudadanía como un «instituto foral con actividad dirigida a toda la Comunidad». EFE
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