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Estados fallidos y el monopolio de la fuerza

Una de las asignaturas más interesantes de Económicas, allá cuando estudié, era Sociología. Nosotros en concreto tuvimos dosis doble de Max Weber y me aficioné, así que ruego disculpas si lo menciono mucho, pero con ésto me amueblaron la cabeza.

 

Weber escribió mucho sobre la política y el Estados. Tenía una forma muy directa de ver las cosas. Un Estado, venía a decir, era algo que tenía la capacidad y el monopolio de ejercer la fuerza y coaccionar en un territorio. Podía delegarlo en Comunidades Autónomas, podía reglamentarlo de acuerdo a procedimientos complejos (juicios, tribunales) y criterios más o menos justos (leyes), podía ejercerlo mucho o poco. Pero para ser un Estado, cualquier coacción ejercida en su territorio debía ser autorizada por el Estado.

 

Y es importante fijarse en esto. Weber se centra en la fuerza sólo porque su uso, o la amenaza de usarla, crea la coacción, para obligar a hacer algo o a dejar de hacerlo.

 

En ese sentido, un territorio donde otro grupo, no autorizado por el Estado, puede ejercer la violencia (o la coacción) sin consecuencias, es un Estado fallido. No lo es si el Estado procura y consigue recuperar el control.

 

Lo que está pasando en Suecia, donde hay zonas en las que la violencia no está en manos del Estado porque la policía no entra, es un fallo grave y peligroso. Lo que pasó en Somalia, donde cada tribu o grupo acabó ejerciendo su propia violencia, es un Estado fallido.

 

Lo que está pasando en demasiadas ciudades con las mafias de manteros es un ejemplo de fallo del Estado. No se está ejerciendo la coacción necesaria para imponer las normas legales, y además se está tolerando un nivel creciente de violencia autónoma impuesta por las propias mafias contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (especialmente los Mossos) y hasta contra los turistas que protestan.

 

Lo que está pasando en Cataluña, donde se produce una invasión sistemática del espacio público con simbología sectaria, contraria a la ley y ordenanzas e incluso a las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y las autoridades en las que el Estado delega el uso de la fuerza no hacen nada, es un fallo serio del Estado. No más grave, aunque sí más visible, que cuando el órgano local del Estado (la Generalitat) se negaba a implementar los fallos del Tribunal Constitucional sobre Educación, por ejemplo, o sobre referéndums. Puede decirse que en Cataluña la cadena de legitimidad está ya muy dañada.

 

Por eso mismo, cuando hay ciudadanos (o incluso un partido) que actúan para defender sus derechos y hacer que se cumpla la ley, estamos viendo una señal gravísima de que que el Estado (su rama local, la Generalitat o los ayuntamientos) no cumple sus funciones. No ejerce la coacción que debe para asegurar que se cumplen las normas.

 

Y existe el riesgo cierto de que grupos de catalanes choquen intentando imponer la norma o mantener la infracción. Una violencia exterior al Estado, que terminaría de romper la legitimidad de la Generalitat.

 

Cuando en Navarra y País Vasco, en ocho meses se producen más homenajes ilegales a etarras que en todo el año anterior, y las autoridades no toman medidas escondiéndose tras la “ignorancia” (policía de Burlada) o la “convivencia” (el gobierno foral liderado por Geroa Bai y su núcleo de PNV), hay un problema serio. Porque son ilegales: se producen sin autorización municipal y por tanto incumpliendo la Ley de Seguridad Ciudadana. Dejando aparte que haya o no apología del terrorismo o intimidación. Pero las autoridades renuncian a ejercer la fuerza para defender la ley.

 

Cuando en Leiza, Alsasua, o Echarri Aranaz (por ejemplo) se empapela el pueblo con cartelería sectaria que pide la impunidad para asesinos (“amnistía”), o que se expulse a las herramientas del Estado para imponer la ley (Guardia Civil y Policía Nacional, esencialmente), y ni los Ayuntamientos ni el Gobierno Foral hacen nada, tenemos un problema triple.

 

Por un lado se está haciendo dejación de las obligaciones de esas ramas del Estado para evitar comportamientos que (al menos) rozan lo delictivo, como intimidación y acoso a las FFCCSE y a los vecinos que confían en ellas. Por otro, se está envalentonando a las personas y organizaciones que ponen esos carteles, queman a la guardia civil en efigie, y en general toman los pueblos en fiestas: si no hay contestación, es que no hay nadie al otro lado, han ganado, el pueblo es suyo.

 

Y la tercera y más grave es que se está produciendo una evidente coacción de esos radicales contra los habitantes de esas poblaciones, desprotegidos por las ramas del Estado que deben hacer cumplir la ley. Esos ciudadanos que ven la impunidad de los radicales, que ven como el Estado, de hecho, no tiene el monopolio de la coacción y la violencia allí. El Estado está fallando en esas poblaciones.

 

Con los datos en la mano, 400 alsasuarras votan a partidos constitucionalistas en las generales y luego no se atreven a hacerlo en las locales. Con los datos en la mano, en Echarri Aranaz cada vez votan más constitucional, pero la mitad de los concejales tienen que venir de fuera porque nadie se atreve a afrontar la presión local. Con los datos en la mano, Geroa está haciendo de recogenueces donde acaba siendo la más moderada de las fuerzas disponibles, porque el resto han sido expulsadas.

 

El Ospa Eguna (día de acoso a la Guardia Civil) previsto para el 1 de Septiembre en Alsasua es más que un clavo más en el ataúd del Estado en el Norte de Navarra. Es una prueba de fuego para el señor alcalde, el gobierno de Geroa Bai y la Delegación de Gobierno. ¿Van a plantar cara a los radicales o no? ¿Quién manda en Alsasua? ¿La ley o los radicales?

Miguel Cornejo (@miguelcornejoSE), es economista y responsable de Asociaciones y entidades en Ciudadanos Navarra

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