El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace balance de su gestión. EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado hoy que no quiere abrir «ninguna vía judicial más» en Cataluña, insistiendo en que defenderá la legalidad y que se cumpla el Estatuto de Autonomía.
Sánchez, en rueda de prensa en Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros, ha pedido también al líder del PP, Pablo Casado, que sean «tan leales», sobre todo en la cuestión de Cataluña, como lo fue el PSOE con el Gobierno de Mariano Rajoy.
Ha agradecido el apoyo que le dio ayer Casado, cuando se reunieron por primera vez, pero sobre todo lo que desea es que sea coherente, tenga altura de miras y haga una «oposición de Estado».
El presidente ha insistido que se trata de una crisis política y, por tanto, cree que se debe resolver desde la política y hablarán siempre «con la Constitución en la mano».
Aunque su Gobierno estará atento ante «eventuales vulneraciones» no desea abrir nuevas vías judiciales, respondiendo así a la oferta de Casado de poner a disposición del Ejecutivo la mayoría absoluta del PP en el Senado para activar otro 155 en Cataluña si así lo pide.
Hablar de otros mecanismos, ha explicado, es hacer «el caldo gordo» a quienes no quieren que esas relaciones fructifiquen «en aspectos positivos para Cataluña».
De la Comisión Bilateral Generalitat-Gobierno, que se reunió esta semana por primera vez en siete años, el presidente ha señalado que se trata de un «buen punto de arranque», mostrándose sorprendido por alguna de las lecturas que se han hecho en algunos medios al ver acuerdos ya hechos donde solo se ha pactado seguir dialogando abriendo comisiones sectoriales.
Lo que se busca con esta comisión, ha recalcado, es formalizar por parte de ambos la normalización de las relaciones institucionales: «Me parece de una importancia política fundamental».
A partir de ahí, ha añadido Sánchez, «hay mucho recorrido y hay que exigir «mucha paciencia, pedagogía y generosidad» por parte de los actores.
Pedro Sánchez ha insistido en que el Gobierno es consciente de que la solución al problema catalán pasa por una votación del conjunto de sus ciudadanos, pero la «discrepancia» que tienen con los independentistas -ha dicho- es que el acuerdo que se vote tiene que representar al 80 por ciento de la sociedad catalana.
Por el contrario, lo que plantean ellos -ha afirmado- no representa a ese 80 por ciento, aunque espera poder convencerles «en el medio plazo».
En todo caso, cree que hay que aprender de las lecciones de todo lo ocurrido con la crisis catalana y una de ellas -ha dicho- es que el «agravio territorial» y la confrontación entre personas no son proyectos que suman, sino que restan. EFE
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