Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y presidente del Gobierno catalán de Cataluña.
La comisión bilateral Estado-Cataluña se creó, en su momento, para dirimir cuestiones relativas a las diferentes interpretaciones que se podían llevar a cabo del Estatuto de autonomía catalán, tanto desde el punto de vista del Gobierno catalán como desde el Gobierno de la nación.
Lo que ayer, por lo visto, pretendían los independentistas catalanes es imponer de nuevo una hoja de ruta imposible de cumplir para un Gobierno que debe tomar como base la Constitución de 1978.
No cabe un referéndum de autodeterminación, no cabe una concepción republicana para Cataluña ni cabe una Justicia única para los catalanes, que sea diferente a la del resto de los españoles. Se han cometido delitos de rebelión y eso se paga, ni más ni menos.
Al Gobierno del señor Sánchez le sobran las palabras y empieza a darse cuenta de que tiene que llevar a cabo hechos. Hechos que mantengan el mandato constitucional de la unidad de España. Sentarse a hablar con los que quieren la destrucción de este país, mal está, pero, encima, hacerles caso, peor.
No hay otra para el Gobierno de este país: hacer cumplir las leyes y evitar que los nacionalismos lo sometan. Alto y claro.
