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Pérez-Nievas (Cs): “La ley de juicios paralelos es otro peaje más a pagar por parte de Sánchez a los nacionalistas”

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El Portavoz de Ciudadanos Navarra ha afirmado que “el TC ha dejado claro que la autoridad y la responsabilidad de decidir si algo es legal o es ilegal corresponde a la Justicia y no a comisiones políticas controlada por ellos mismos”

El portavoz de Ciudadanos Navarra, Carlos Pérez-Nievas, ha afirmado hoy, en referencia al rechazo por parte del Tribunal Constitucional de buena parte de la ley aprobada en 2015 en Navarra que trataba de equiparar a policías con terroristas, que “este tribunal ha tumbado una ley que el Gobierno Foral pretende vestir como una reparación de víctimas de violencia política, pero cuya única finalidad es exclusivamente política, tal como se ha argumentado en su sentencia”.

Asimismo, el portavoz de Ciudadanos ha insistido en que “la sentencia deja claro que no se elimina el derecho al resarcimiento de las víctimas, sino que esto se debe realizar siguiendo los previstos legales, es decir, a través de la Justicia, y no de comisiones políticas creadas por un gobierno con el único propósito de fomentar la persecución a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”.

A su vez, ha querido recalcar que es “especialmente preocupante que esta ley haya sido aprobada con el respaldo del PSN, un partido que se dice constitucionalista, pero que se ha dejado utilizar por el gobierno en un intento de disfrazar de transversalidad todo lo que rodea a dicha ley”. Y ha añadido que “mientras el tribunal declara la ley de juicios paralelos como inconstitucional, Pedro Sánchez retira el recurso para la misma ley en el País Vasco. Otro peaje más a pagar a los nacionalistas por parte del presidente del Gobierno”.

Pérez-Nievas ha afirmado que “desde Ciudadanos celebramos que se haya impedido este intento de crear tribunales políticos en Navarra y esperamos que Pedro Sánchez desista de su intención de permitírselo al PNV y sus socios en el País Vasco. Una separación clara de poderes es la primera garantía de convivencia”.

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