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4.367 personas dependientes más atendidas y reducción de un 7,8% de la tasa de pobreza (4.200 personas)

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El Vicepresidente Laparra ha destacado que en materia de empleo, Navarra cuenta con 24.268 personas más afiliadas a la seguridad social y 10.857 menos en desempleo que hace tres años, “lo que es un mérito de toda la sociedad”

El consejero Miguel Laparra ha realizado hoy un balance muy positivo de los tres años de trabajo de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y del cambio de Ejecutivo, “evidenciado”, según ha indicado, en una “mejora generalizada” de los indicadores de resultados con los que trabaja el departamento: 10.857 personas menos en paro, con la tasa de desempleo más baja de todo el Estado; 4.367 personas dependientes más atendidas (un incremento del 50%); 10 millones más destinados a complementar las pensiones de viudedad y resto de pensiones bajas (con 6.000 personas con pensiones bajas más con derecho a este complemento gracias a la nueva ley); reducción de un 7,8% de la tasa de riesgo de pobreza siendo la Comunidad Autónoma con menor pobreza de España y habiendo disminuido más del doble que la media española; impulso a la mayor inversión nunca hecha en Navarra para la promoción de 524 viviendas públicas de alquiler social; o un incremento del 20,33% de los recursos destinados a políticas de infancia y familia.

El vicepresidente ha señalado que conforme avanza la legislatura, “cada vez es más evidente que el cambio en Navarra ha sido fundamentalmente un cambio social; hemos pasado de la crisis y los recortes sociales, a una Navarra que crece con fuerza y que refuerza los elementos centrales del Estado de Bienestar como son la sanidad, la educación y los derechos sociales. “Y algo para nosotros fundamental; que el desarrollo de Navarra sea igualmente social, para toda la sociedad, estos es, también para las personas en situación de dependencia o discapacidad, para la infancia, para la juventud y en general para las familias más vulnerables.”

Laparra ha destacado que “estos avances sociales, como siempre me gusta recordar, son fruto de la buena marcha de la economía, las diferentes reformas fiscales progresistas y el trabajo coordinado con las cuatro fuerzas políticas que apoyan al Gobierno.” Un dato esclarecedor de las prioridades políticas del gobierno y el cuatripartito; “mientras el conjunto del presupuesto de Navarra ha crecido estos tres años un 8,5%, el presupuesto del que era antiguo departamento de Políticas Sociales, ha crecido un 42,67%”. “Con los datos que hoy presentamos, podemos decir que no hablamos solo de planes o proyectos, estamos obteniendo ya resultados medibles muy importantes”.

El vicepresidente ha destacado que tan importante o más que ampliar los recursos es cambiar la forma de trabajar; se han dado pasos importantes hacia un modelo de gestión de servicios primando la atención centrada en la persona, la agilidad y eficiencia en la gestión, la diversificación de servicios para atender las diferentes necesidades, el desarrollo de la dimensión preventiva y potenciar la participación social como instrumento clave para mejorar los recursos públicos”. En este aspecto, “me gustaría agradecer especialmente el esfuerzo de las y los trabajadores públicos y de las entidades que colaboran en la gestión de servicios del Departamento. Sin ellos y ellas, estos resultados no serían posibles.

Sin embargo, el Vicepresidente ha afirmado que “lo que queda por hacer sigue siendo muy importante”. Trabajamos a buen ritmo para completar proyectos muy importantes en esta legislatura, a la vez que vamos a dejar planificado el trabajo en aquellas materias que por su importancia deben transcender una sola legislatura. Lejos de dar por terminada la legislatura, queda un año clave”.

En su balance, el vicepresidente Laparra ha agrupado las actuaciones llevadas a cabo en estos tres años en seis grandes ámbitos de actuación: Empleo; Dependencia y Discapacidad; Familia y Menores; Cohesión Social y Lucha Contra la Pobreza; Vivienda; y Relaciones con la Sociedad Civil.

Texto

Políticas Activas de Empleo

Fundamentalmente gracias a la buena marcha de la economía, con un crecimiento económico superior al conjunto de España, hoy Navarra tiene 10.857 personas en desempleo menos, es la Comunidad Autónoma con menor tasa de paro, y contamos con 24.268 personas más afiliadas a la Seguridad Social que al inicio de la legislatura. Sin duda se trata de un mérito de la toda la sociedad, de empresas y trabajadores, y a la que las políticas expansivas del Gobierno de Navarra han contribuido positivamente.

En lo que respecta a las políticas activas de empleo que desarrolla el Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, Laparra ha destacado que, en un contexto de incremento del presupuesto inicial del 15,7% en tres años, se ha reforzado de manera significativa la gestión y liderazgo público en la gestión de los fondos.

También hay que subrayar que la mejora en la orientación, formación e intermediación laboral, así como el apoyo a las empresas, autónomos, a la economía social y a los centros especiales de empleo y empresas de inserción. Estos recursos se han traducido, por ejemplo, en que 23.297 personas recibieran formación profesional para el empleo en el año 2017, lo que supone un 18,6% más que el año anterior y un 57,4% más que en 2015.

“Un elemento destacable del cambio de orientación lo situaría en la prioridad de trabajar conjuntamente con los servicios sociales en las políticas de empleo para los colectivos más vulnerables” ha destacado Laparra. “Como dato significativo subrayar que el conjunto de políticas activas de empleo del SNE-NL tuvieron en 2017 un impacto directo en 4.800 empleos, un 27% más que en 2016. Como señalábamos recientemente en un informe del Observatorio de la Realidad Social, siendo unos datos globales muy positivos, es preciso reseñar un proceso de dualización del mercado de trabajo”. De esta manera destaca el dato positivo de un crecimiento del 74% en la contratación indefinida entre 2013 y 2017, con un dato negativo como es el crecimiento de los contratos temporales de muy corta duración, que han crecido ligeramente entre 2013 y 2017, pasando de representar el 41,9% de la contratación temporal a ser el 42,8%. Es por ello, que además de seguir apoyando la creación de empleo, se hace fundamental reforzar la calidad del mismo.

Dependencia-Discapacidad-Personas Mayores

Otra de las grandes prioridades ha sido reforzar las políticas de atención a la dependencia, la discapacidad, enfermedad mental y las personas mayores.

Especialmente importante ha sido el incremento en el número de personas en situación de dependencia que reciben algún tipo de servicio y/o prestación. “En tres años tenemos a 4.367 personas más atendidas, lo que supone un incremento de un 50%”, ha destacado Laparra. Igualmente, como aspectos relevantes podemos citar “la equiparación de las desgravaciones fiscales de las personas dependientes a las personas con discapacidad, la recuperación de varias compatibilidades de prestaciones para la dependencia, o la firma de un nuevo convenio en el sector de la discapacidad y enfermedad mental con mejoras en la condiciones laborales e importantes inversiones en la calidad de los servicios”.

En cuanto a las personas mayores, sin duda el principal avance ha sido la nueva Ley que garantiza a todo pensionista con pensiones inferiores al SMI de 2017, recibir esa cantidad vía deducciones fiscales. Si antes del cambio de esta medida solo se beneficiaban aproximadamente 10.000 viudas con una inversión de 2,5 millones, con la nueva ley, cerca de 16.000 pensionistas, incluidas las viudas, se han beneficiado de este complemento en 2017 con una inversión de 12,2 millones.

Finalmente, queremos destacar igualmente la puesta en marcha de un modelo de atención integrada sociosanitaria en la zona de Tafalla, en coordinación con el departamento de salud y que marcará la pauta de actuación en esta materia en los próximos años.

Familia y Menores

En el ámbito de familia y menores, podemos subrayar el incremento de un 20,33% de los recursos, mejorando todos los programas de atención a la familia y a menores en situación de vulnerabilidad. Del conjunto de actuaciones cabe resaltar la aprobación, tras 15 años, del II Plan Integral de apoyo a la familia, la infancia y la adolescencia, que incide en los aspectos de prevención y detección precoz de las situaciones de desprotección, la reestructuración y el aumento de plazas residenciales para menores, el aumento de un 20% de la capacidad de atención en los programas de mediación, orientación y punto de encuentro familiar, la ampliación de la intensidad y cobertura de los Equipos de atención a la Infancia y Adolescencia de Estella, Tafalla y Tudela en un 50% y la puesta en marcha de los mismos en la Comarca de Pamplona y Zona Norte-Noreste-Noroeste, las nuevas ayudas para acceso a la vivienda de familias monoparentales y la ampliación de un 30% en los programas de preservación familiar entre otros muchos.

Un indicador igualmente positivo en términos comparativos ha sido el que Navarra sea la CCAA con la segunda mayor fecundidad de España en 2017. Se trata de una variable muy directamente asociada a las variaciones de bienestar económico de la población adulta joven y casi siempre va asociada a la mejora de la situación económica y social global. En este caso, a diferencia del conjunto del Estado, Navarra en el periodo 2015-2017 ha mejorado ligeramente este índice, de 1,45 a 1,46 hijos por mujer, mientras el conjunto de España bajaba hasta el 1,31 en un contexto de crecimiento económico. Hoy la diferencia positiva para Navarra es la mayor de las últimas décadas, en una cuestión, como el reto demográfico, que va a ser clave en el futuro próximo de cara a mantener nuestro desarrollo económico y nuestro sistema de bienestar.

Cohesión social y lucha contra la pobreza

Durante estos tres años, una de las prioridades del Departamento de Derechos Sociales ha sido reforzar la cohesión social de Navarra y luchar contra la pobreza y la exclusión social, especialmente la pobreza infantil, como efecto más negativo de los recortes sociales y la grave crisis económica vivida estos años. El vicepresidente Laparra ha remarcado el incremento de los recursos destinados a este fin y la aprobación del Plan de Inclusión Social de Navarra, que se marca entre sus principales objetivos lograr una reducción de la pobreza severa en Navarra a la mitad y garantizar la inserción laboral de todas las personas perceptoras de renta garantizada en situación de trabajar a los dos años de estar en el programa. Especialmente destacable es el incremento de un 42,5% en las familias con derecho a percibir la renta garantizada desde 2015, así como el incremento de un 30,6% en el número de menores de edad protegidos por esta prestación, alcanzando la cifra en junio de 2018 de 7.798 menores.

Laparra ha destacado que “la mejora en la inversión social comienza a dar sus frutos”. Con el último dato disponible de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2017, Navarra ha reducido su tasa de pobreza un 7,8%, siendo la comunidad autónoma con menor tasa, y a mayor distancia que el año anterior. Igualmente reseñable es medir la tasa de pobreza según el PIB per cápita de cada comunidad. Navarra pese a ser la tercera comunidad en riqueza per cápita, es la comunidad con menor tasa de pobreza, con una distancia respecto a Madrid como comunidad más rica de 8,2 puntos porcentuales menos. “Estas cifras reflejan, sin duda alguna, que no basta con el desarrollo económico para combatir la pobreza. Es necesario apostar por las políticas sociales para lograr una sociedad más justa, más igualitaria y con menores índices de pobreza.”

Además de la mejora en cohesión social interna, Navarra ha hecho un esfuerzo en su apuesta por la solidaridad internacional, un valor muy importante históricamente en la sociedad navarra. En estos tres años de andadura, además del incremento de la inversión social en un 107%, cabe destacar el refuerzo en los tradicionales lazos de solidaridad con el pueblo saharaui, así como la puesta en marcha de un nuevo y amplio programa de acogida de personas refugiadas en Navarra, en colaboración con el tejido asociativo, y la aprobación del protocolo integral para mejorar el proceso de acogida a las personas refugiadas que llegan a Navarra.

Vivienda

En cuanto a la vivienda, tres han sido las prioridades: la ampliación del parque de vivienda de alquiler social a menor precio, impulsar la rehabilitación y apoyar a la gente joven en sus procesos de emancipación y acceso a una vivienda. Con ello se persiguen varios objetivos fundamentales: avanzar hacia el reconocimiento efectivo del derecho de todas las personas a una vivienda digna, a la par que se genera empleo y se avanza en la sostenibilidad ambiental.

Hasta el momento y gracias entre otras cosas a la aprobación de la nueva ley foral de vivienda y otras medidas como el impulso a la bolsa de alquiler de vivienda o la oficina de mediación de vivienda, ya ha comenzado la construcción de 273 viviendas de alquiler social, se ha incrementado el Fondo Foral de vivienda social de 55 viviendas a 112 viviendas y se cuentan con 120 viviendas más en la Bolsa de alquiler. Además, después de una subida de un 70% entre el año 2000 y 2015, con la nueva ley se bajaron los precios del alquiler social de vivienda entre un 8 y un 15%.

En cuanto a la rehabilitación, tras una fuerte caída en la actividad fruto de la crisis y los recortes en las ayudas públicas, con la nueva ley de vivienda y la mejora de las ayudas especialmente para la gente joven, mayores y personas con escasos recursos, hemos pasado de 1.821 viviendas rehabilitadas entre mayo de 2014 a mayo de 2015, a las 4.853 en el último año, es decir, se ha multiplicado por 2,6.

Igualmente, se está produciendo un importante repunte en la promoción de nueva vivienda, aunque afortunadamente muy lejos de las cifras de la burbuja inmobiliaria. De esta manera, si en 2015 se iniciaron 1.398 viviendas, en el año 2017 han sido 3.673.

Finalmente, es fundamental observar la evolución de la expresión más dura de la crisis social y de vivienda: los desahucios y la incapacidad de muchas familias de hacer frente a los gastos habituales de la vivienda. “En este aspecto y pese a que queda muchísimo por hacer”, ha señalado el Vicepresidente, “entendemos que la combinación de políticas como la renta garantizada y las nuevas ayudas de emergencia social (destinadas fundamentalmente a hacer frente a gastos de la vivienda), el trabajo de la oficina de mediación junto a la mejora económica, está incidiendo positivamente en la bajada de las ejecuciones hipotecarias, un 70% entre el año 2015 y el 2017″.

Relación Gobierno-Sociedad civil

Una cuestión relevante a reseñar es el cambio significativo en la relación entre el Gobierno y la sociedad civil organizada. La pasada legislatura se caracterizó, a juicio del consejero, “por el recorte de todo tipo de ayuda pública, escaso diálogo con las entidades sociales, y nulo avance en la planificación compartida con dichas entidades”.

Por el contrario, en estos tres años, además de mejorar los recursos, se han aprobado dos leyes muy importantes: la ley foral de mecenazgo social que incrementa las desgravaciones fiscales de las donaciones a todas las entidades sociales mejorando significativamente su capacidad de autofinanciación, y la ley de conciertos sociales y sanitarios que permite realizar conciertos de colaboración con entidades sociales que, en muchas ocasiones, aportan experiencia, recursos propios, voluntariado y, lo que es más importante, un conocimiento de las necesidades sociales directo pues muchas de ellas las conforman las propias personas afectadas o sus familias.

Igualmente, resulta significativo destacar los amplios procesos de participación social que estamos llevando a cabo tanto para la aprobación de las leyes más relevantes como en los planes que tenemos en marcha, como son el Plan de Inclusión Social, el de Familia y Menores y el resto de planes que estamos impulsando. Respecto a la financiación pública, cabe señalar que el conjunto de programas de subvenciones dirigidos a proyectos de inclusión social, cooperación, discapacidad, familia, menores, personas mayores, etc., que desarrollan las entidades sociales, han crecido un 64,6% desde 2015, pasando de los 17,5 millones de 2015 a los 28,8 de 2018.

Finalmente, “destacaríamos cómo la puesta en marcha del Observatorio de la Realidad Social desde el comienzo de la legislatura ha supuesto una mejora sustancial en la capacidad de análisis, investigación, planificación y evaluación de las políticas sociales, facilitando así el debate público”.

Retos hasta el final de la legislatura

Como ha indicado el vicepresidente Laparra, “el trabajo de la legislatura continúa a buen ritmo y todavía quedan por aprobarse un buen número de proyectos de suma importancia. Los más reseñables están ya muy avanzados y se irán aprobando en los próximos meses”. De todos ello ha destacado los siguientes:

Sigue siendo fundamental apoyar la creación de empleo de calidad y la inserción laboral de los colectivos con mayores dificultades. En ese aspecto, se seguirán impulsando y mejorando los programas para potenciar la contratación de personas desempleadas de larga duración, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y perceptoras de prestaciones sociales, aplicando a su vez cláusulas que mejoren la calidad de dichos contratos.

En materia de planificación, está previsto aprobar en la legislatura los planes de Vivienda, Discapacidad, Cooperación al Desarrollo y el Plan Estratégico de Servicios Sociales, la revisión de la Atención Primaria de Servicios Sociales y la Estrategia para el desarrollo de la población gitana, que se unirán a los ya aprobados de Inclusión Social, y Familia, Infancia y Adolescencia.

Recientemente se presentó el borrador de la reforma de la Cartera de Servicios Sociales, que incorpora 29 nuevas prestaciones y servicios, 18 de ellos garantizados, en materias como la dependencia, discapacidad, enfermedad mental e inclusión social.

“Esperamos que en breve sea posible aprobar una nueva ayuda destinada a la contratación de cuidadores profesionales en el domicilio, que puede beneficiar a varios miles de personas, así como la puesta en marcha de una fundación pública para la gestión de determinados servicios sociales”, ha indicado Laparra.

Finalmente, destacar que se ha iniciado la tramitación del decreto de vivienda vacía, y que próximamente se presentará un nuevo proyecto de ley que regule el derecho subjetivo a la vivienda en Navarra, con el fin de apoyar a la gente joven en su proceso de emancipación y acceso a la vivienda, así como en la garantía del acceso a la vivienda a las familias más vulnerables.

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