Últimas noticias
Lateral derecho Castillo de Javier
Lateral izquierda Castillo de Javier

Porqué hace falta una reforma de la ley electoral

 Este artículo es una versión del capitulo 6 de “Naciones de Papel”.

 

Se ha escrito mucho sobre el sistema electoral español, y sobre las distorsiones que hacen que un 47% de votos separatistas se traduzca en mayoría absoluta en el Parlament de Cataluña tras el 21-D. O que el PNV tenga una presencia decisiva en el Congreso con muchos menos votos de los que necesitarían otros partidos.

 

No hay sistema perfecto, y algunos de los defectos de los que se acusa al nuestro dependen (como todo) de la perspectiva desde la que se mire. Nuestro sistema se pensó para fomentar gobiernos fuertes y proteger a zonas despobladas. A día de hoy, tendemos a fijarnos en que aumenta el poder de los grandes partidos y las minorías nacionalistas, con las consecuencias que todos estamos viendo. Hay una amplia demanda social para cambiarlo. La buena noticia es que (a pesar de lo que se escucha) se puede reformar sin necesidad de tocar la Constitución, un melón que pocos quieren abrir por miedo a dónde puede acabar la cosa.

 

Se podrían destacar tres aspectos de la legislación electoral: las circunscripciones electorales, el porcentaje mínimo de votos, y la ley D’Hont. Los tres tienen efectos sobre el problema separatista.

 

Las circunscripciones electorales afectan a cuántos votos hacen falta para obtener un diputado (nacional o regional). En España, varían ampliamente porque cada provincia (circunscripción) tiene un número de diputados muy poco relacionado con su población. En Soria hacen falta 47.000 votos para llevarse un escaño; en Madrid, 174.000. Los habitantes de El Hierro tienen 17 veces el peso de sus vecinos en el gobierno de las Canarias. El resultado es que a la hora de repartir escaños estamos muy lejos de “una persona, un voto”. Y los partidos regionalistas tienen una eficacia (relación entre votos totales y escaños obtenidos) mucho mayor que los generalistas.

 

El número de diputados por provincia está diseñado para proteger los intereses de las zonas menos pobladas frente a los núcleos de población. Para ello cada provincia tiene unos escaños mínimos fijos (sumando 102) y el resto (248) se reparten por población. El resultado es que provincias poco pobladas pesan mucho más de lo que deberían si sólo tomáramos en cuenta los habitantes.

 

Una primera reforma evidente podría ser ajustar el peso de las circunscripciones de modo que el interés de la mayoría de los votantes esté mejor reflejado (es decir, haya menos escaños “fijos” y más “por población”). Hay muchos modos de hacerlo, pero el objetivo siempre es mejorar la proporcionalidad.

 

El porcentaje mínimo de votos se fija en el 3% por cada provincia. Esto significa que una fuerza que sume el 2,9% de votos en todas las provincias se quedaría fuera, pero una con el 3% en una sola sí tendría representante. Al establecer el porcentaje en la circunscripción, se perjudica a los partidos generalistas minoritarios frente a los localistas y los consolidados. El impacto práctico es pequeño, pero partidos como IU o UPyD lo notaron, recibiendo muchos menos escaños que partidos con menos votos.

 

Aplicar el mínimo no sobre la circunscripción ,sino sobre el total, sería una posibilidad. Es lo que propone estos días Ciudadanos y lo que ya se aplica en un gran número de países europeos. A partir de 2024 se aplicará también en las elecciones al Parlamento Europeo.

 

El tercer punto de interés es la ley D’Hont, que la LOREG designa como modo de asignación de escaños. La Constitución sólo prescribe que el método debe ser “proporcional”, y la ley D’Hont lo es… pero no completamente. Prima bastante a los partidos más grandes de cada circunscripción, dándoles más escaños que un reparto proporcional puro. El objeto de este método es facilitar que surja un partido de gobierno, y su consecuencia natural es el bipartidismo y la alternancia. Algo que tiene sus ventajas, pero a la larga también fosiliza el sistema político al hacer más difícil que surjan alternativas.

 

Modificar los pesos que usa la ley D’Hont o sustituirla por otro método más puramente proporcional son medidas evidentes, contempladas en la mayoría de las propuestas de reforma que ya existen.

 

Los cambios mencionados sólo afectan a la LOREG. Una reforma constitucional permitiría mejorar el sistema mucho más allá, pero implica un acuerdo menos probable.

 

En conclusión, el sistema se puede cambiar, y mejorar sensiblemente, sin necesidad de cirugía cardiovascular ni constitucional. La forma en que se reparten los escaños en el Congreso (y sobre todo entre las distintas provincias) puede y debe cambiar para dejar de ofrecer a los intereses regionales un peso mayor a la población que representan, y volver a “una persona, un voto”. El principio de igualdad ante la ley empieza por la igualdad de representación.

Miguel Cornejo,  (@miguelcornejoSE) es economista y responsable de Asociaciones y Entidades en Ciudadanos Navarra.

Artículo anterior Pamplona, 1978-2018

Otras noticias publicadas

Responder

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies