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UPN reitera la petición de dimisión de Ayerdi por “grave” actuación con Davalor

UPN ha reiterado su petición de dimisión del vicepresidente del Gobierno foral Manu Ayerdi por su “grave” actuación al respaldar con unos 2,6 millones de euros de fondos públicos a la empresa Davalor Salud, pese a la “crónica de una ruina anunciada” que ahora deriva en su declaración en concurso de acreedores

Además, pese a esta declaración, sobre la que UPN denuncia que el Gobierno no informara aunque conocía desde marzo que se había instado a ello, el Ejecutivo “ha tomado parte en favor de Davalor y ha vuelto a comprometer los intereses y los recursos públicos, adhiriéndose y participando en un convenio anticipado que Davalor ha presentado en el juzgado con determinados acreedores”.

Así lo ha subrayado en conferencia de prensa el parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin, quien además de pedir la dimisión de Ayerdi, a quien acusa de actuar en favor de esta empresa movido “por una corazonada” sin respaldo técnico ni análisis financiero, ha presentado en el Parlamento una petición al Gobierno para que le facilite documentación al respecto.

Así, ha pedido el convenio anticipado con los acreedores y el plan de viabilidad adjunto, los informes de Sodena que justifiquen la adhesión al convenio y el acuerdo que así lo decide, las cuentas que Sodena pueda tener de Davalor en los ejercicios de 2016 y 2017 ya que la empresa no las ha registrado -“una ilegalidad”, ha advertido el regionalista- y la situación de las patentes que supuestamente sustentan la viabilidad de Davalor Salud.

Sánchez de Muniáin se ha remontado a 2015 para recordar que fue entonces cuando el consejero Ayerdi, “prescindiendo de todo procedimiento, como él mismo reconoció en el Parlamento, ayudó por decisión personal con 1 millón de euros de todos los navarros a esta empresa”, una decisión que por sus formas “no tiene precedentes”.

“A partir de ahí el Gobierno y Sodena continuaban inyectando dinero, apoyo y recursos públicos a esta sociedad, en lo que todo parecía una huida hacia adelante” pese a que la empresa -dedicada al diagnóstico y terapia visual con máquinas de alta tecnología- no conseguía despegar y sus cuentas de 2014 recogen pérdidas de 8 millones.

Es “una empresa ruinosa, insolvente, en situación de caos y de ilegalidad” por el incumplimiento del registro de sus cuentas de 2016 y 2017, ha subrayado el parlamentario, quien ha insistido en la “corazonada” que llevó al consejero a apoyarla por entenderla una “apuesta por la innovación y el futuro tecnológico”, pero sin las “suficientes cautelas” que avalaran su solvencia y sin que ni siquiera la patente de las máquinas le pertenezcan.

“La incertidumbre es máxima y el gobierno ha perdido el control” ha dicho, para advertir de que en esta “crónica de una ruina anunciada” la empresa ha seguido recibiendo ayudas públicas en “una huida hacia adelante” para “intentar salvar un grave escándalo político” como a su juicio fue la “decisión estrictamente personal” de Ayerdi, cuya dimisión ha exigido.

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